La Unió de Labradores, Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC), ante «el bloqueo efectivo, por parte del Estado», de partidas de extraordinaria necesidad para el desarrollo de la actividad agropecuaria, forestal y agroindustrial, especialmente en el cooperativismo agrario, han acordado pedir a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que interceda ante su homólogo de Hacienda porque se autorice la revocación, de forma urgente, del bloqueo de varias partidas presupuestarias que afectan «de forma especial y gravemente incluidas en los programas bloqueados por el Ministerio de Hacienda» a raíz de la intervención de las finanzas de la Generalitat de Cataluña.

En concreto, las organizaciones agrarias y las cooperativas inciden en la necesidad e que se dé vía libre a partidas como las agroambientales y clima, ganadería ecológica, forestales y de agroindustria incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Cataluña (PDR) por un importe de casi 6 millones de euros.

Asimismo, piden que se desbloqueen los 2,6 millones de euros que afectan a los seguros agrarios por un importe de unos 2,6 millones de euros, los dos de sanidad animal y vegetal  o los 1,5 millones que estaban destinado directamente al cooperativismo agrario.

Le recuerdan las obligaciones que tiene cataluña para cumplir las obligaciones de la UE

De igual forma, inciden en que hay otras partidas pendientes de pago, como las relacionadas con la prevención y lucha contra incendios, por un importe de 0,75 millones de euros, o la certificación y control de la calidad alimentaria, por 0,44 millones de euros.

Tras un encuentro en el que se procedió a la evaluación práctica de los efectos de la Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, efectuada por la Mesa Agraria celebrada el 23 de octubre, y que impactan de forma inexplicable en medidas esenciales para el sector, las tres entidades se han dirigido a la ministra de Agricultura para que interceda para resolver esta situación «incomprensible» y le han recordado, por un lado, la obligación constitucional dirigida a todos los poderes públicos de atender el desarrollo de la agricultura y la ganadería, así como de la pesca (afectado también por el bloqueo presupuestario).

De igual forma, le han recordado las obligaciones derivadas de la pertenencia a la Unión Europea en materia de sanidad animal y vegetal, de seguridad alimentaria y en medio ambiente y de preservación de la biodiversidad que se ven afectadas por el bloqueo presupuestario.