El Procurador del Común (figura similar al Defensor del Pueblo) ha solicitado en un resolución dirigida a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la aprobación de una norma que regule el otorgamiento de ayudas compensatorias por los daños producidos en el ganado por la acción de aves necrófagas (en especial los buitres) en Castilla y León.

Según ha informado la Defensoría por medio de un comunicado, durante los últimos meses han llegado quejas por los daños que, en ocasiones, generan los ataques de los buitres en explotaciones ganaderas de la Comunidad, en particular en las que son de tipo extensivo.

«Quejas en las que se pone de manifiesto cómo, en aquellos lugares donde habitan estas aves necrófagas, se producen ataques a ganado de diversas especies, especialmente, a las reses más pequeñas, principalmente terneros recién nacidos e, incluso, a sus madres», ha explicado el Procurador.

Los buitres se encuentran catalogados como especie protegida, incluida como Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que cuenta, por ello, con un régimen de protección especial, régimen con el que la Procuraduría está «absolutamente de acuerdo».

RECUERDA QUE LOS TRIBUNALES YA HAN LLEGADO A RECONOCER EL DERECHO DE LOS GANADEROS A SER INDEMNIZADOS POR LOS DAÑOS SUFRIDOS

No obstante, también ha considerado que la administración debe responder de los daños causados por aquellos animales de la fauna silvestre que gozan de especial protección, para lo cual parece oportuno establecer una regulación que contemple el resarcimiento de los daños ocasionados por los buitres en la cabaña ganadera con ayudas compensatorias.

De ahí que ante la falta de esa regulación, el Procurador del Común, Tomás Quintana, se haya dirigido a la Consejería solicitando que se considere la necesidad de dotar a Castilla y León de esa normativa, en la línea de las que disponen otras comunidades, como La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Álava y Vizcaya.

El objeto de normativa sería resarcir a los ganaderos que sufren daños en sus explotaciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos que la propia norma exija.

Entre estos requisitos el Procurador pone como ejemplo que el daño se haya notificado en un plazo muy breve (24 horas de haberse producido), no tratarse de animales enfermos, decrépitos o que tengan afectada su capacidad de autodefensa, y no se encuentren en avanzado estado de descomposición, por ejemplo.

Según la Defensoría autonómica la conveniencia de esta norma de ayudas compensatorias se pone de manifiesto también por el hecho de que en alguna comunidad autónoma carente de un régimen de ayudas, los Tribunales han llegado a reconocer el derecho de los ganaderos a ser indemnizados por los daños sufridos a causa de los ataques de los buitres a sus reses.

«Así, el establecimiento de este tipo de compensaciones contribuiría a evitar que los ganaderos tengan que acudir a la vía judicial; así como, indirectamente, también ayudaría a preservar esa especie protegida, pues los ganaderos dejarían de considerarla un problema para sus explotaciones», ha concluido el Procurador.