ASAJA de Castilla y León valora de forma muy positiva el acuerdo político de reducir un 99% el coste fiscal de la adquisición de bienes por herencia o donación, en Castilla y León, que será patente cuando se apruebe la Ley que modifique el impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuyo anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta.

El sector agrario de Castilla y León, al igual que ha pasado en otras CCAA como Andalucía, ha sido víctima «de este injusto impuesto de sucesiones y donaciones por la transmisión de las fincas rústicas e inmuebles agroganaderos, que por otra parte son el principal factor de producción y la base patrimonial de la explotación», según señala la organización.

La elevada carga impositiva es con frecuencia el principal obstáculo para que los padres no vendan o donen las fincas rústicas a sus hijos agricultores, pasando a formar parte de la herencia familiar, que en muchas ocasiones llega cuando la vida laboral del agricultor se acerca al momento de la jubilación. El aumento de la esperanza de vida, factor por otra parte muy positivo en la sociedad avanzada y de bienestar en la que nos ha tocado vivir, está haciendo que las fincas agrícolas las hereden los hijos coincidiendo con la incorporación a la agricultura de los nietos, saltándose por tanto una generación.

ASAJA considera que una vez que se apruebe la Ley que modifica el impuesto, y que permitirá la donación sin tributar por ello entre familiares directos, «se abre la posibilidad real de que los agricultores puedan recibir sin obstáculo alguno las tierras y otros inmuebles rústicos en propiedad, al jubilarse los padres, sin esperar al momento de la herencia. El disponer de la tierra en propiedad da solvencia económica a la explotación, permite aportarla como garantía real en créditos financieros, y permite tomar decisiones de inversión y mejoras que no son posibles cuando se cultivan en condición de arrendatario o cesionario en precario».

ASAJA cree que la Junta de Castilla y León da así un paso importante en la línea de reducir la fiscalidad a los ciudadanos, con efectos también positivos en la economía de las explotaciones agrarias.  No obstante, ASAJA considera que esto no es suficiente y que la Junta debe de ahondar en el compromiso de aplicar una fiscalidad diferenciada para las familias y negocios que se asientan en el medio rural, donde sin duda el sector primario debe de jugar un papel decisivo.