La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la protección del lobo es para garantizar las indemnizaciones pero no aclara ni cuánto ni quién las pagará, aunque ha dejado caer que sería a cargo de la PAC, al resaltar que en Francia este dinero viene de estas partidas. Lo que sí está claro es que todo el sector ganadero ya ha dejado claro que este dinero nunca podrá venir de las ayudas de la PAC, tal y como se avanzó dsde el propio MInisterio.

La ministra ha explicado este martes 23, durante la sesión de control en el Senado, que la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial supone la implicación de la Administración General del Estado en la financiación de la protección del lobo ibérico con el fin de mejorar su coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios en los que habita y evitar que sean los ganaderos quienes carguen únicamente con los costes de posibles daños.

“Tanto para la prevención como para la compensación para garantizar las indemnizaciones, debemos plantearnos un modo más eficaz y solidario, de forma que el coste que supone la convivencia del ganado con los grandes carnívoros sea asumido solidariamente por la sociedad y no tan solo por los ganaderos”, ha manifestado la vicepresidenta.

En este sentido, Ribera se ha referido al efecto que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado tendrá para mejorar la cohabitación de la especie con la ganadería. Así, al estar protegido por normativa, se establecerá el derecho de todos los ganaderos a percibir indemnizaciones por pérdidas de ganado depredado en todos los territorios. Actualmente, eso no sucede en la mayoría de las regiones con lobo al norte del Duero, salvo en Asturias.

“Esta es la primera dificultad, cuando no existe un marco general estatal. Es paradójico que al norte del Duero no exista regulación específica para asumir pagos e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas, al no estar protegida la especie”, ha recordado la vicepresidenta.

UNA SOLUCIÓN A LA FALTA DE UNIFORMIDAD EN LA GESTIÓN

Durante su intervención, la ministra ha incidido en que los diferentes regímenes de protección que presentan las distintas Comunidades Autónomas dificultan enormemente la gestión, además de generar desigualdades y agravios comparativos. Por eso, ha dicho, “la homogeneización del régimen legal del lobo en España constituye un avance que permitirá impulsar la gestión de esta especie”.

En este sentido, Ribera ha recordado que el Ministeriotrabaja junto con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todos los sectores implicados en una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo, que luego deberá ser desarrollada por unos nuevos planes de gestión autonómicos, adaptados a la realidad de cada territorio.

“Este nuevo enfoque nos sitúa en una posición alienada con los países de nuestro entorno, ajustada a los informes científicos y en consonancia con los objetivos para combatir la pérdida de biodiversidad, sin duda, uno de los mayores retos que afronta nuestra sociedad”, ha señalado la vicepresidenta.

Ribera ha puesto el ejemplo de países vecinos como Francia, donde se ha abogado por un modelo común en toda el área de presencia de la especie, generando seguridad jurídica y evitando agravios entre ganaderos de distintas zonas. Un enfoque que, además, aúna a las dos administraciones, la agraria y medioambiental, haciendo uso de fondos de la Política Agraria común, financiando medidas de protección del ganado, tanto en las zonas con presencia estable como en aquellas que pueden ser objeto de colonización, y abonando indemnizaciones por los daños.

Asimismo, el nuevo estatus legal del lobo permitirá, además de garantizar las indemnizaciones, habilitar nuevos mecanismos para impulsar la investigación y seguimiento de ejemplares en toda la población y conocer, con mayor precisión y transparencia, el impacto que produce el lobo en las distintas explotaciones, lo que a su vez servirá para impulsar ayudas para la protección del ganado y para la convivencia con grandes carnívoros, como el oso, buscando una armonización de la gestión de la población de lobos.