Unión de Uniones de Castilla-La Mancha valora la intención de mejorar el mercado con que aparece la exigencia de un mínimo de 9º baumé para las uvas de vinificación en la Orden de la Consejería de Agricultura publicada esta semana, pero alerta del riesgo de que la ausencia de control e inspección abran la puerta a prácticas no deseadas e incluso otra bolsa de fraude.
La norma aprobada, que obedece, según su justificación, a una apuesta por la calidad, la trazabilidad y la transparencia, obliga, en esta campaña 20/21 a destinar la uva con un contenido mínimo de azúcares por debajo de los 9º baumé a la elaboración mostos, vinagres y alcoholes, nunca vino. No obstante, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que la Orden incurre en una contradicción reglamentaria que debería aclararse, porque para hacer vinagre de vino y para destilar alcohol de vino, antes esas uvas deberían haber sido procesadas como tal y «teniendo en cuenta, además, que si no tiene 9º eso no es vino, la cosa se presta a mucha confusión».
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha no deja de apreciar buena voluntad en la medida; aunque mantiene ciertas reservas acerca de la autoimposición de normas como ésta y la limitación de rendimientos -que van más allá de los reglamentos comunitarios y de lo dispuesto por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)- «mientras competimos con viticultores que producen el doble de kilos por hectárea que nosotros y se sigue permitiendo la chaptalización con sacarosa de remolacha en el norte de Europa». La organización echa de menos una reivindicación constante y contundente por parte de la presencia institucional española en la UE para reclamar la abolición de esta práctica en cada negociación.
Unión de Uniones valora que la exigencia de un grado mínimo para vinificar la uva «si se controla como se debe» puede evitar que esta parte de la producción sea terreno abonado para algunas de las prácticas fraudulentas que se han destapado en los últimos días y se convierta en otra bolsa de fraude. «Con una uva de menor grado se puede elaborar vino con mayor graduación mediante prácticas enológicas correctas y adecuadas» aclaran desde la organización «pero hacerlo bien es más caro y por eso la tentación de hacerlo mal, tal y como está el mercado, está ahí».
La organización considera que una mera declaración responsable para acreditar el cumplimiento de la norma, tal y como prevé la orden, no es suficiente para garantizarlo y reclama que se pongan en marcha las inspecciones imprescindibles para evitar que se abran canales de comercialización «poco escrupulosos que conviertan uvas blancas o tintas en negras».
La posición de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ante este tipo de medidas de autorregulación, que siempre suponen sacrificios para una parte de los viticultores, es que «antes hay que limpiar bien debajo de las alfombras» y eliminar el fraude del mercado del vino y del alcohol. La organización insiste en que el volumen que se ha podido verter de manera artificial en el balance del sector está entre los 3 a 5 millones de hectólitros anuales. Estos son datos que parten de las informaciones que la Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos (ADEVIN) ha venido compartiendo con Unión de Uniones y que han sido tanto el cimiento de las denuncias de dicha entidad ante las autoridades regionales, estatales y europeas, como la base de las argumentaciones de Unión de Uniones igualmente ante las diferentes administraciones.