La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha presentado este jueves 16 un recurso administrativo frente a la decisión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de la Junta de Castilla y León, de constituir en el día de ayer miércoles 15 de febrero, la Mesa de Trabajo del Sector Porcino, por no ser conforme a la Ley Agraria de Castilla y León y no incluir en la misma a las organizaciones agrarias y solo a las sectoriales.

Dicha mesa se constituyó bajo la presidencia de la Directora General de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, y la forman las cooperativas y organizaciones sectoriales del porcino, excluyendo expresamente a las organizaciones profesionales agrarias.

ASAJA basa se recurso en que las mesas sectoriales están reguladas en la Ley Agraria de Castilla y León (Ley 1/2014 de 19 de marzo), y que tienen como finalidad “articular mecanismos de coordinación entre agentes implicados en la cadena de un determinado producto”, funcionando como “órgano colegiado de asesoramiento y consulta de la Administración en materias relacionadas con un determinado sector productivo”.

El Artículo 190, relativo a la composición y funciones, establece claramente que entre sus componentes han de figurar las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) más representativas en el ámbito de la comunidad autónoma.

ASAJA pone de manifiesto que la consejería de Agricultura «va de torpeza en torpeza en su relación ordinaria con las organizaciones profesionales agrarias, como también lo hace con otros agentes sociales y económicas, y que en este caso, además, ha puesto de manifiesto que sus responsables políticos son unos incompetentes que hasta desconocen la legislación sectorial más elemental sobre los temas de su competencia».

ASAJA ha pedido que, mientras se resuelva el recurso, la Mesa constituida este miércoles paralice sus funciones. También, la organización agraria anuncia que si el recurso no se resuelve de forma favorable, se presentará un recurso contencioso administrativo para que sea la justicia quién resuelva esta situación.

Por su parte, la Alianza UPA-COAG ha denunciado esta constitución de la Mesa sin contar con representación de las organizaciones agrarias, y creen que este hecho constituye «una flagrante violación del papel que la normativa otorga a las Organizaciones Profesionales Agrarias como legítimas representantes de los intereses generales del sector, papel que está además refrendado por la evaluación periódica de la representatividad de cada una de ellas».

Para esta organización, la constitución de una Mesa de Trabajo sectorial, sin la participación de las OPA «es, además de ilegal, una provocación a todo el trabajo que desarrollamos las organizaciones agrarias, y máxime cuando se produce pocos días después de finalizar el proceso de evaluación de la representatividad antes aludido».

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