La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) ha enviado una carta a las bodegas de la región, ante la proximidad de la vendimia 2022, recordándoles las principales modificaciones introducidas en la Ley de la Cadena Alimentaria en Diciembre de 2021 y las consecuencias de su incumplimiento, cuyo objetivo es que el valor añadido del producto se distribuya equilibradamente entre los distintos agentes de la cadena alimentaria garantizando que los productores reciban un precio que, al menos, cubra los costes efectivos de producción.

UPA recuerda en la comunicación enviada que los costes efectivos incluyen todos los asumidos por el viticultor para desarrollar su actividad, entre otros las plantas de vivero, los fertilizantes y fitosanitarios, los combustibles, la energía, la maquinaria, reparaciones, costes de riego, amortizaciones, trabajos contratados y la mano de obra asalariada o aportada por el propio viticultor o por miembros de su familia.

Cabe recordar que se han modificado también las cuestiones referidas al procedimiento sancionador, que han sido reforzadas, estableciéndose un mayor rigor y un importe más elevado en las infracciones, que además podrán hacerse públicas.

La organización agraria ha informado a las bodegas de otras modificaciones de la Ley, entre ellas que las organizaciones representativas de los viticultores que intervienen, como es el caso de UPA-Murcia, serán titulares de intereses legítimos colectivos, lo que les permite participar en los procedimientos establecidos en la citada Ley. Además, se garantiza el anonimato de la persona que ejerza una denuncia por incumplimiento de la Ley y en concreto, de la relación contractual.

Para facilitar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y en particular las relativas a las cuestiones contractuales, UPA ha animado a las bodegas (y también a los viticultores) a formalizar sus acuerdos mediante el contrato-tipo impulsado por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), que ha sido homologado por el MAPA recientemente y publicado en el BOE el pasado 27 de julio.

Dicho contrato incluye entre sus estipulaciones los aspectos más importantes para cumplir con la Ley de la Cadena alimentaria, en especial que el precio aplicable y libremente pactado sea superior al coste efectivo de producción y abierto a establecer unas condiciones de calidad mínimas. También incorpora cláusulas relativas a la forma de pago y facturación, las condiciones de entrega, recepción y control, la recolección y transporte, el incumplimiento, la comisión de seguimiento y la resolución de conflictos, entre otras cuestiones.

Por otra parte, UPA se ha dirigido también al Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, reiterándole la petición de que la Consejería, como administración competente en vigilar el cumplimiento de la Ley, habilite los recursos técnicos y humanos necesarios para iniciar de inmediato actuaciones de control e inspección, lo que redundará en mayores garantías para los viticultores.