Los problemas por los bajos precios del tomate de industria de esta campaña, no solo en Extremadura sino también en Andalucía, podría acabar en los tribunales. La Unión Extremadura ha anunciado que reclamará ante las administraciones y en sede judicial los 50,4 millones de euros que «la industria quiere arrebatar a los productores de tomate de la Región».
La organización ha explicado que el artículo 9 de la Ley 12/2013 de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria establece que el precio a pagar por un producto agrario no puede ser inferior a los costes efectivos de producción, así mismo establece que el precio a pagar al productor no podrá ser superior al precio del producto estipulado en el contrato con el fin de sancionar la venta de producto a resultas.
Asimismo, la normativa comunitaria establece que hoy 13 de febrero a las 12 horas espira el plazo para registrar los contratos de compraventa entre productores e industrias transformadoras «y a esta hora la industria en general, ya que se han puesto de acuerdo, pretenden contratar a un precio no superior a los 107 €/tm».
Igualmente, recuerdan que la misma ley enunciada, establece que si tanto el comprador como el vendedor son de una misma Comunidad Autónoma, la Administración competente para tramitar las ayudas y realizar inspecciones es la Comunidad Autónoma, en este caso la Junta de Extremadura.
PEDIRÁN «HASTA EL ÚLTIMO EURO A LAS INDUSTRIAS TANTO ANTE LAS ADMINISTRACIONES COMO SI FUERA NECESARIO RECURRIR A LA JUSTICIA PARA NO PERMITIR ESTE ATROPELLO”
Tras el estudio de costes de producción del tomate para industria elaborado por la Consejería de Agricultura y el realizado por la Unión Extremadura, desde la organización agraria «hemos llegado a la conclusión que todo contrato en el que el precio del tomate sea inferior a las 135 €/tm, se está pagando por debajo de los costes efectivos de producción, por lo que los mismos serán denunciado en primera instancia ante la Junta de Extremadura y si esta no tramita las denuncias ante el AICA dependiente del Ministerio de Agricultura».
La Unión calcula que con este incumplimiento de la ley la industria transformadora de tomate en Extremadura pretende sablear en unos 50,40 millones de € a los productores de tomate de la Región.
Finalmente, la Unión exigirá «hasta el último euro a las industrias tanto ante las administraciones como si fuera necesario recurrir a la justicia para no permitir este atropello a los productores de tomate de la Región».