LA UNIÓ Llauradora exige a la Generalitat valenciana una ayuda extraordinaria de 1.200 euros por hectárea cultivada de arroz para evitar que numerosos productores abandonen la actividad en 2027 y que el Parc Natural de l’Albufera pierda una parte importante de sus arroceros, precisamente cuando el Ayuntamiento de València impulsa su candidatura a Reserva de la Biosfera. La organización advierte de que la grave crisis de rentabilidad del sector amenaza tanto la continuidad de las explotaciones como el modelo de conservación ambiental de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

Esta reivindicación centró la reunión de la sectorial arrocera de LA UNIÓ, en la que se acordó por unanimidad iniciar movilizaciones periódicas a partir de diciembre y mantenerlas hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2027 si la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España no ofrecen respuestas concretas a los problemas del sector. El objetivo es conseguir medidas que garanticen la viabilidad del cultivo y eviten el abandono de los arrozales.

La principal propuesta consiste en establecer una ayuda extraordinaria de 1.200 euros por hectárea para compensar las pérdidas de la campaña de 2026 y facilitar que los productores puedan afrontar la próxima siembra. Según las estimaciones de LA UNIÓ, esta medida supondría un presupuesto de unos 20 millones de euros por convocatoria, una cantidad que considera asumible para el Consell teniendo en cuenta la importancia económica, social y ambiental del cultivo.

La organización subraya que esta aportación no debe entenderse únicamente como una medida de apoyo a las explotaciones, sino también como una inversión en la conservación del territorio. El cultivo del arroz desempeña una función esencial en la gestión del agua, el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, la conservación del paisaje y la disponibilidad de hábitats y alimento para numerosas especies de aves.

El responsable sectorial del arroz de LA UNIÓ, Enric Bellido, señala que «no se puede aspirar a declarar la Albufera Reserva de la Biosfera mientras se deja arruinar a los arroceros que contribuyen cada día a conservarla. Si queremos arrozales, necesitamos arroceros, y si queremos arroceros, el cultivo tiene que ser rentable».

«NO PODEMOS EXIGIR A LOS ARROCEROS QUE CONTINÚEN SEMBRANDO PARA CONSERVAR LA ALBUFERA SI CADA AÑO TIENEN QUE PONER DINERO DE SU BOLSILLO PARA TRABAJAR”

La situación económica de las explotaciones es especialmente preocupante. Según las estimaciones de LA UNIÓ, la producción de arroz ha disminuido alrededor de un 40% en la campaña de 2026, mientras que los precios máximos ofrecidos a los productores se sitúan en 0,31 euros por kilo, frente a unos costes orientativos de producción de 0,54 euros. La diferencia, de 0,23 euros por kilo, supone que el precio de venta está aproximadamente un 43% por debajo del coste de producción y está agotando la capacidad económica de muchas explotaciones.

A esta situación se añaden los sobrecostes específicos de los tancats de la Albufera, los problemas derivados de las plagas y enfermedades y el encarecimiento de los fertilizantes. «No podemos exigir a los arroceros que continúen sembrando para conservar la Albufera si cada año tienen que poner dinero de su bolsillo para trabajar. Nadie puede mantener indefinidamente una actividad económica en estas condiciones», manifiesta Bellido.

LA UNIÓ considera contradictorio impulsar el reconocimiento internacional de la Albufera como Reserva de la Biosfera sin garantizar previamente la viabilidad de la actividad agraria que contribuye decisivamente a su conservación. Un abandono generalizado del cultivo alteraría la gestión hídrica y los hábitats asociados a los arrozales, con consecuencias ambientales que las administraciones tendrían que afrontar.

La crisis también tendría repercusiones sobre las tierras arrendadas. Si los productores dejan de cultivarlas y las devuelven a sus propietarios, muchas parcelas podrían quedar sin una actividad agraria que cumpla los requisitos para percibir determinadas ayudas de la PAC. Esto podría reducir los fondos comunitarios que llegan al territorio valenciano y afectar igualmente a cooperativas, empresas de servicios y municipios vinculados al cultivo del arroz.

Las consecuencias de esta situación no se limitarían a l’Albufera, sino que también podrían afectar a otras zonas húmedas de gran valor ambiental, como el Marjal de Pego-Oliva, donde el mantenimiento de la actividad arrocera contribuye igualmente a conservar el paisaje y los ecosistemas.

FALTA DE INTERLOCUCIÓN CON LA GENERALITAT

La reunión sectorial también puso de manifiesto el malestar de los productores por la falta de interlocución directa con los máximos responsables de la Generalitat. Los arroceros lamentan que, pese a la gravedad de la situación y a las solicitudes de reunión registradas por LA UNIÓ, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y los consellers de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Barrachina y Vicente Martínez Mus, respectivamente, todavía no hayan concretado un encuentro con el sector. Por el momento, la Conselleria de Agricultura ha delegado en el secretario autonómico la reunión prevista para el próximo 2 de diciembre.

Por otra parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, recibirá a una representación del sector arrocero. En este encuentro, LA UNIÓ trasladará las reivindicaciones que competen a la Administración central, entre ellas la necesidad de que el Gobierno de España promueva ante la Comisión Europea la aplicación de los instrumentos de salvaguardia comercial que correspondan para proteger al sector frente al impacto de las importaciones. También reclamará que se establezca la obligatoriedad de identificar claramente el país de cultivo del arroz, diferenciándolo del lugar de envasado.

Por su parte, a la Generalitat, además de la ayuda extraordinaria de 1.200 euros por hectárea, la organización le reclama que asuma el 50% del coste de las cuotas de los motores de los 104 tancats de la Albufera, revise e incremente las ayudas agroambientales para 2027, refuerce la lucha contra las plagas y enfermedades e impulse inversiones para mejorar las infraestructuras hidráulicas.

LA UNIÓ insiste en que las administraciones deben actuar antes de que los productores tomen decisiones definitivas sobre la próxima campaña. «Todavía estamos a tiempo de evitar que muchos arrozales dejen de sembrarse en 2027, pero las decisiones se tienen que tomar ahora. No podemos pretender conservar la Albufera sin garantizar un futuro a los arroceros que la mantienen viva», concluye Enric Bellido.

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