La Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores (AGAPRO) ha solicitado a la Junta de Andalucía que extreme la vigilancia de los restos de poda del olivar abandonados en las explotaciones agrícolas del Altiplano de Granada en gran medida debido al Covid-19.
Durante el mes de marzo los adultos de barrenillo del olivo (Phloeotribus scarabaeoides) comienzan a dirigirse hacia los restos de poda y árboles para realizar la puesta en galerías practicadas en la corteza, si bien, los daños más graves se deben a las galerías de alimentación que realizarán en los brotes del olivo, entre los meses de mayo y julio, los adultos de la nueva generación.
Por ello, antes del 1 de mayo, la madera debe ser destruida en el propio olivar preferentemente mediante trituración, y si no hay más remedio, por el fuego. Así que toda la madera no destruida debe guardados en lugares herméticamente cerrados, que no se pueden abrir hasta los primeros días del mes de noviembre.
José Antonio Azor, Presidente de AGAPRO, ha indicado que “los restos de poda no gestionados y abandonados están provocando la proliferación desmesurada del barrenillo, perjudicando a todos los agricultores colindantes, que tienen que incrementar los tratamientos fitosanitarios con los perjuicios económicos y ambientales que supone. Si queremos una agricultura más sostenible y ecológica es necesaria la colaboración de todos en materia de prevención sanitaria”
Por su parte, el Técnico Pedro Castillo, ha advertido que “el abandono enn la finca de los restos de poda del olivar es una práctica prohibida a partir de mayo, según la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de fecha 2 de noviembre de 1982, pudiendo aplicarse el régimen sancionador previsto en la Ley de Sanidad Vegetal”.
Por ello, la Asociación AGAPRO ha solicitado a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que extreme la vigilancia de estas conductas, que tanto perjudican a los demás, desde sus agentes ambientales, forestales y las propias OCAs o mediante colaboración con los ayuntamientos para evitar estas prácticas.