Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) se ha reunido con el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) para hablar de la crisis del sector lechero, y la modificación del Decreto de Ordenación Ganadera que afecta a los productores de leche y otros sectores ganaderos, a la vez que ha dejado patente su rechazo a la propuesta de rebajar el número de cabezas de animales de 850 determinado a nivel nacional a 600 cabezas en Cataluña

El tema de la crisis de precios es, según la entidad, suficientemente relevante cómo para que se hubiera abordado desde Presidencia, como en el caso de la peste porcina africana, ya que afecta a sectores productores con un peso económico y estratégico muy importante para Cataluña.

Las principales implicaciones de la modificación del Decreto son la limitación de las dimensiones de las explotaciones, que el Gobierno catalán ha fijado en 600 cabezas (250 menos que en el resto del Estado), y la obligación del cierre perimetral de las granjas, con una moratoria de dos años.

Como explica Roser Serret, representante de la sectorial del vacuno de leche de JARC, “sin haber tenido acceso al documento definitivo todavía, no nos parece lógica esta limitación tan restrictiva a 600 cabezas, más teniendo en cuenta que somos deficitarios en leche, y esto implicará que una dependencia de las importaciones, y los precios que nos impongan”.

Antes de establecer esta limitación, el Observatorio de la Leche debería analizar qué repercusión tendrá en la rentabilidad de las explotaciones lecheras catalanas, y establecer cuál sería el umbral de rentabilidad con este número de animales, apunta Serret.

Uno de los argumentos que expone el Departamento, es la supuesta protección de las empresas familiares y la mejora de la sostenibilidad, pero la realidad es que, estas granjas al estar diseminadas en el territorio, se benefician de la proximidad de una de grandes dimensiones, que les garantiza las recogidas de la leche por parte de la industria.

En cuanto a los cierres perimetrales para evitar la incursión de fauna salvaje, para que las explotaciones pequeñas y medias puedan asumirlos, el primer paso, según JARC, es garantizar la viabilidad de estas granjas, con la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria. Por otro lado, las vallas son un factor más para aumentar la bioseguridad, pero la clave es que el DACC tome medidas para controlar las poblaciones de fauna salvaje, que actualmente están totalmente fuera de contro,l y causan graves daños a los profesionales agrarios, además del peligro sanitario que comportan.

Esta limitación de ganado afecta a otros sectores ganaderos, y la entidad analizará cómo repercutirá en cada caso, una vez que disponga de los documentos definitivos.