Unión de Uniones considera un avance la propuesta de la Comisión Europea para reformar los mecanismos de contratación pública, pero advierte de que, en la compra de alimentos por las administraciones «se queda a medio camino, ya que los criterios de prioridad de mayor interés para los agricultores y ganaderos de la UE y la preferencia de nuestras producciones seguirían siendo voluntarios si el borrador no se reforma», por lo que abogan por un mayor compromiso y con precios justos a agricultores y ganaderos.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de reglamento para sustituir las Directivas actuales que regulan los mecanismos de contratación pública. No se trata de una norma específica para la compra de alimentos en colegios, hospitales o residencias, sino una reforma general del sistema que, eso sí, introduce determinados criterios de preferencia en las adquisiciones de productos alimentarios por parte de las administraciones.

Aunque para Unión de Uniones es positivo cualquier avance que en el suministro a centros públicos represente una mayor ventaja para la situación de los productores europeos, considera que la propuesta de reglamento de la Comisión no es suficientemente ambiciosa.

Unión de Uniones explica que el nuevo reglamento, introduciría en su artículo 53 que las administraciones puedan tener en cuenta, además de las condiciones económicas, la equidad y transparencia de la cadena alimentaria y, expresamente, una remuneración justa para los agricultores. También la organización de la cadena de suministro, la producción ecológica, las figuras de calidad e indicaciones geográficas, otros métodos de producción, la frescura y estacionalidad, el valor nutricional y el bienestar animal.

«Que Bruselas reconozca como importante cuánto dinero le llega al agricultor o ganadero cuando se compra comida con recursos públicos, no deja de estar bien» expresan desde Unión de Uniones «pero luego está la letra pequeña y si todo se queda en que podrán hacerlo, pero no están obligados, nos quedamos a medio camino».

En la actualidad, de hecho, nada impediría a los Estados miembros tomar esa decisión y es algo que se está haciendo; aunque en algún caso, como el reciente Real Decreto 315/2025, sí que pondera cuestiones como la proximidad, las producciones de temporada o las ecológicas en la nutrición sostenible en los colegios.

La propuesta también incorpora como novedad que el precio de compra no sea el único criterio que puedan tener en cuenta las administraciones en sus adquisiciones y que los criterios de calidad deben pesar al menos un 30% en las decisiones de adjudicación, incluyendo criterios sociales o medioambientales, como ha defendido la Comisión en el Parlamento Europeo este lunes en la primera exposición política a este respecto. No obstante, nuevamente, entre esos criterios de calidad podrán estar o no los contemplados en el artículo 53, que son los que Unión de Uniones considera que tienen mayor valor estratégico para el sector.

«PRIORIDAD EUROPEA, POR AHORA, POCA Y DE PERFIL»

La Comisión plantea también en el artículo 73 de su propuesta que se permite incluir requerimientos de preferencia europea en los productos adquiridos por las administraciones, exigiendo una cierta proporción de origen europeo o concediéndoles mayor puntuación.

«Pero estamos en las mismas» se quejan desde Unión de Uniones «Primero, no es obligatorio y, segundo, también valdrían productos de países terceros cubiertos por acuerdos comerciales o internacionales que contemplen la protección alcanza a productos de terceros países cuando estén cubiertos por los compromisos internacionales de contratación pública de la UE. O sea, prioridad europea, por ahora, poca y de perfil».

La consecuencia de ello es que se podrían beneficiar de las mismas ventajas que los europeos en la contratación pública de alimentos también los productos de Mercosur, EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Chile y varios países más, a los que incluso se podría sumar en un futuro Marruecos si en el Acuerdo de Asociación se avanza en el objetivo contemplado de liberalización recíproca de la contratación pública.

A este respecto, en el debate que se celebrado este lunes, la propia Comisión ha insistido sobre la necesidad de afianzar jurídicamente las cláusulas de preferencia europea, por lo que la organización entiende es uno de los elementos a discutir durante la tramitación y que no está perdido y trabajará para proponer su obligatoriedad.

Unión de Uniones ya planteó la pasada semana a la representación española en la UE y a la Comisión estas cuestiones en los encuentros institucionales mantenidos durante su viaje a Bruselas y estará muy atenta a la tramitación de la propuesta para presentar las oportunas enmiendas.

×