Mientras arrecian las críticas al Plan Estratégico español y muchas voces reclaman un nuevo debate, nueve países de la Unión Europea (UE), entre los que no figura España, aún no han enviado al Ejecutivo comunitario los planes estratégicos nacionales con los que pretenden aplicar la futura Política Agrícola Común (PAC), informaron este miércoles a Efe fuentes comunitarias.

Los que aún tienen pendiente el envío son Alemania, Bélgica (en particular las regiones de Flandes y Valonia), Bulgaria, la República Checa, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía y Eslovaquia, indicaron las mismas fuentes.

Los 18 países que sí han enviado a tiempo -antes del 1 de enero de este año- esos planes son Austria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia.

Las fuentes no detallaron cuáles serán los siguientes pasos por parte de la Comisión Europea en relación con esos planes, aunque ya se sabe que los primeros borradores no han contado con el respaldo de la CE. Incluso se ha reconocido que los problemas de muchos países de la UE a cerrar sus Planes Estratégicos ya estaba abriendo la puerta un aplazamiento en su aprobación

.Los planes estratégicos nacionales detallarán las intervenciones o medidas de la nueva PAC en cada Estado miembro y deben ser aprobados por la Comisión Europea antes de su aplicación.

La propuesta del plan estratégico español, según dijo el pasado diciembre el ministro español, Luis Planas, se basa en los «acuerdos alcanzados» en las reuniones con los consejeros del sector.

La propuesta española incluye un plan financiero, con 24.290 millones de euros para las ayudas directas, 2.856 millones para las intervenciones sectoriales y 8.380 millones de euros dentro de los programas de desarrollo rural.

Si a estas cantidades se añaden los gastos no incluidos en el plan estratégico (programa Posei por la insularidad de Canarias, promoción horizontal de productos alimentarios, fruta y leche escolar, etc), España dispondrá de más de 47.724 millones de euros gracias a la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023.

La CE podrá formular en el plazo de tres meses observaciones y peticiones adicionales de información.