Las seis organizaciones convocantes de la protesta “En defensa de nuestro campo”, organizada el próximo 2 de diciembre en Mérida, han acusado este martes a la Delegación de Gobierno de intentar limitar el derecho a manifestarse de los agricultores y de «censurar y acallar» el malestar del campo extremeño.

En una nota, ASAJA (APAG Extremadura Asaja y APAG Asaja Cáceres), La Unión de Extremadura, ASEPREX, AGRYGA y la Asociación Valle del Jerte y Comarcas Vecinas han denunciado un intento de recortar en tres horas la manifestación, así como el número de participantes, reduciendo a un máximo de 300 personas las que se podrán concentrar a las puertas de Presidencia de la Junta.

«Estas dos imposiciones, además de ser un claro atropello a los derechos de los agricultores y ganaderos, son el más claro ejemplo del poco talante democrático de las autoridades nacionales y regionales, y del miedo que tienen a la crítica», aseveran.

AFIRMAN QUE ESTA ACTITUD ESTÁ PROVOCANDO QUE PUEDA HABER ENFRENTAMIENTOS ENTRE FUERZAS DEL ORDEN Y MANIFESTANTES

A su juicio, no puede ser que la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, actúe como un «perro guardián» en defensa de «su jefe» para censurar que que no visualice el malestar general que existe en el campo.

Afirman que esta actitud está provocando que pueda haber enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes, ya que «no se puede limitar la entrada a tan solo 300 agricultores en Presidencia cuando la previsión es que se desplacen un total de 5.000 asistentes».

Indican que a pesar de estos intentos de «pisotear» los derechos de agricultores y ganaderos y de que les quieran alejar de la puerta de la presidencia de la Junta, “nos van a oír bien fuerte porque es un clamor unánime la situación que está atravesando el campo.”

“Si no nos dejan en las puertas de Presidencia, pediremos irnos a la Plaza España de Mérida, pero el campo se va a escuchar alto y claro”, han aseverado.

La manifestación ha sido convocada para protestar por los bajos precios que se pagan a los agricultores, el encarecimiento de los costes de producción, el «recorte» de fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), la «penalización» al agricultor profesional en las políticas europeas y el «endurecimiento» de los compromisos medioambientales.