En un año en el que se están disparando los costes en el sector agrario, COAG CyL ha exigido al Ministerio de Agricultura la retirada del canon de semillas que los agricultores pagan a las multinacionales, y que este año será de 4 millones de euros, medio millón más que el pasado año.

La organización agraria recuerda cómo muchos agricultores que cultivan cereal suelen guardar cada año, de su propia cosecha, una cantidad de grano para transformarlo en semilla con la que sembrar el año siguiente. Ese grano lo llevan a su cooperativa o almacenista que lo selecciona, lo trata con un fungicida y lo deja listo para ser utilizado como sementera en la próxima cosecha. Pero cuidado: cuando se esté sembrando esta semilla que el propio agricultor ha reservado del año anterior, puede aparecer el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, «y pedirle al agricultor un documento que acredite que ha pagado una especie de derechos de autor a una suerte de organismo que los agricultores dicen que es ‘la SGAE del campo’. Y si el agricultor no lo tiene, multa al canto. Y no son pequeñas».

Ese organismo en cuestión se llama ANOVE, o sea, Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, que ha sido creado por las principales empresas de semillas y que cobra un canon de 14 euros por tonelada de semilla acondicionada a los agricultores, aunque utilicen su propia semilla, para afrontar la sementera de cereal. En tanto que los agricultores de Castilla y León siembran todos los años alrededor de 2 millones de hectáreas de cereal, y en aproximadamente el 75 por ciento de esta superficie se reutiliza semilla acondicionada, la cantidad que se lleva ANOVE de la semilla que han obtenido los agricultores de sus propias producciones será este año (el canon también ha subido el precio como el resto de los insumos, aunque en este caso sin ningún criterio objetivable) de más de 4 millones de euros.

PROPONEN NO SOLO LA RETIRADA DEL CANON DE SEMILLAS SINO QUE SE DEVUELVA EL DINERO ABONADO EN LOS AÑOS ANTERIORES

Las multinacionales agrarias que crearon Anove, «grandes expertas en labores de lobby, lograron convencer a la Comisión Europea para que redactara un reglamento que permitiera proteger la semilla. Ese reglamento es el que se utiliza en España para que, tanto el Ministerio de Agricultura, como la Consejería regional del ramo y el resto de organizaciones agrarias y cooperativas vean esta especie de saqueo con buenos ojos. Por todo ello, COAG está sola ante el peligro en la defensa a ultranza del agricultor cerealista».

Como esta campaña que se afronta contará con los insumos más caros de toda la historia del campo, y por ende, las labores agrarias se realizarán con los costes de producción más elevados, sería el momento más oportuno para cambiar esta situación. Por eso, COAG ha pedido al Ministerio de Agricultura la retirada del canon de semillas, «absolutamente especulativo, y se devuelva la cantidad de dinero que yan han desembolsado los agricultores cerealistas de Castilla y León. Tal cantidad podría rondar los 20 millones de euros».

Según una estimación de COAG-Castilla y León, los agricultores de esta comunidad pagaban hasta la reciente subida un importe anual de 3,5 millones de euros a GESLIVE, empresa filial ANOVE que gestiona el cobro del canon. Del importe total recaudado en España por este concepto, al menos 1,8 millones de euros es repartido a partes iguales entre las cuatro entidades firmantes del “Convenio Marco sobre el reempleo de granos para siembra” suscrito el 10 de julio de 2017, que son URCACYL, ASAJA, UPA y la propia ANOVE.

COAG ya dirigió hace un par de años sendas cartas a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos en las Cortes autonómicas, solicitándoles que insten al Gobierno central a derogar la normativa que ampara el cobro, por parte de los obtentores de semillas, del canon por reutilización de la semilla propia.

Además, acusan a ANOVE de «estar aprovechando de recursos fitogenéticos que son patrimonio de todos, (las semillas progenitoras han sido cultivadas y mejoradas durante siglos por los agricultores), sin pagar nada a nadie a pesar de que están obligados a hacerlo por el Tratado Internacional por la conservación de los Recursos Fitogenéticos de cereales y leguminosas, así como el Convenio para la Diversidad Biológica ( Protocolo de Nagoya), suscritos ambos por España y gran parte de los países a nivel mundial».