La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA CLM) ha alertado sobre la posibilidad de que se produzca una importante bajada de los precios de la uva en el inicio de la próxima campaña de vendimia, que podría llegar al 40 por ciento sobre el precio pagado en la campaña 2017-2018.

Así lo han dado a conocer este martes Alejandro García-Gasco, responsable del vino a nivel nacional del sector en UPA, en rueda de prensa junto al secretario regional de la organización agraria, Julián Morcillo, y el secretario provincial en Ciudad Real, Pascual Ortiz.

A su juicio, esta reducción de precios vendrá motivada por el nivel de vino y mosto que actualmente almacenan las bodegas y cooperativas en España, y que a 31 de julio se prevé que sean 36 millones de hectolitros, lo que supondría más de 7 millones por encima de las existencias que había el pasado año.

Esta circunstancia, unida a que se prevé una campaña de vendimia normal, con una producción que rondaría los 43 millones de hectolitros en España, obligaría a las bodegas y cooperativas a “hacer hueco” para poder recibir la nueva cosecha de uva.

Además, el que exista un importante volumen de vino almacenado en la actualidad provocaría que la industria y el mercado se aprovechara de esta circunstancia para pagar menos por la uva que producen los agricultores.

Piden una Extensión de Norma de Calidad, atendiendo a la legislación comunitaria que permite a los agricultores “autorregularse”

Julián Morcillo ha comentado que se prevé un inicio de campaña “complicado” por esta situación y por la presión y las prisas que tienen cooperativas e industrias por hacer hueco para la próxima campaña.

Según Morcillo, “existen muchas dudas de cómo se va a afrontar esta campaña” y ha alertado sobre la necesidad que tiene el sector por adoptar y trabajar por una medida de planificación como una extensión de norma que ayude a adecuar el volumen de producción a las necesidades del mercado y contribuya también a mejorar la calidad del vino.

Esta extensión de la norma, ha añadido Alejandro García-Gasco, estaría enfocada, principalmente, a regular de forma discriminatoria a los agricultores que generan el problema, “aquellos que producen por encima de la media, rebajando la calidad de la producción de la uva”, ha señalado.

En este sentido, García-Gasco ha abogado porque el ministerio de Agricultura, atendiendo a la legislación comunitaria que permite a los agricultores “autorregularse”, implante esta norma con el consenso de las cooperativas y las organizaciones agrarias, y el sector productor.

De momento, ha reconocido, “no ha salido adelante” porque no cuenta con el visto bueno de una parte de la Interprofesional del Vino como es la Federación Española del Vino (FEV).

Ha entendido que la implantación de la norma permitiría al sector contar con “una medida clara que pudiera tenerse en cuenta cada campaña de vendimia” porque, ha aclarado, “se establecerían pagos diferenciados por calidad la calidad de la uva, que serían efectivos para los agricultores”.

El objetivo final, ha concluido, es evitar que todos los agricultores “por igual” paguen las consecuencias de una producción excesiva de vino, favoreciendo una viticultura de calidad, con unos rendimientos razonables que permitan producir vinos de calidad.

(Fotos: Archivo)

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