El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado este miércoles 15 que los ecoesquemas, una de las grandes novedades de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en materia ambiental, «no son un pago como el pago verde anterior ni están vinculado a las regiones, sino una práctica ambiental voluntaria». Sin embargo, se le ha olvidado decir que no acogerse a estos pagos voluntarios representará la pérdida de más del 20% de las ayudas de la PAC.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en Huelva cuestionado por las protestas de organizaciones agrarias en relación con dichos ecoesquemas, precisando que pese a ser voluntaria a él le gustaría que «se extendiera al conjunto de los agricultores y ganaderos».

Planas ha precisado que la nueva PAC incorpora dos grandes novedades: el Plan Estratégico Nacional de España -un documento que consensuarán las 17 comunidades autónomas y el Gobierno y que se enviará a Bruselas antes del 31 de diciembre- y la ambición ambiental, ya que «al menos 40 % de los fondos están vinculados directa o indirectamente a la sostenibilidad ambiental».

En este último marco está el ecoesquema, del que ha manifestado que es «una práctica ambiental que es voluntaria, pero que me gustaría pudiera extenderse al conjunto de agricultores y ganaderos y por eso tenemos en cuenta dos grandes grupos de prácticas, las del secuestro de carbono y las referentes a la agroecología, y también se tiene en cuenta las distintas características de los suelos sobre los que se aplica».

«No es un pago como el pago verde anterior ni está vinculado a las regiones, sí que es una práctica ambiental que espero pueda extenderse al conjunto de agricultores», ha subrayado que sus pagos son voluntarios.

Planas ha añadido que «desde principios de 2019 estamos llevando a cabo una tarea de diálogo, de concertación y de toma de decisiones, probablemente la más importante de las que se haya llevado a cabo nunca en España desde 1992 en una aplicación de la Política Agraria Común».

Por último, ha insistido en que el Gobierno pretende que la aplicación de la próxima PAC sea «más justa en su distribución, más sostenible, más social y que fomente la innovación y la digitalización».