El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este lunes la elaboración de la Política Agraria Común (PAC) en diálogo con las comunidades autónomas (CCAA), pero respetando siempre las reglas europeas, pero ha dejado una advertencia a todas las CCAA y al propio sector al asegurar que “si la Comisión Europea no lo aprueba, aquí no cobra nadie”.

Así lo ha expresado en su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar del estado del plan estratégico nacional de aplicación de la próxima PAC para el periodo 2023-2027.

Con las comunidades autónomas, “hemos tenido un dialogo profundo y extenso, y la cooperación ha sido muy buena”, ha destacado el ministro, a pesar de que algunos grupos parlamentarios de la oposición le han reprochado que no haya alcanzado aún el consenso con los distintos territorios.

Sobre las ayudas al desarrollo rural, ha apuntado que ha luchado por “preservar la autonomía y las competencias de las comunidades en el diseño de ejecución de sus planes concretos, pero Bruselas no quiere 27 planes de desarrollo rural, sino que se incluyan como intervenciones locales”, que deberán estar integradas en el plan estratégico en las próximas semanas.

Uno de los aspectos más novedosos de la nueva PAC son los ecoesquemas, ayudas asociadas a prácticas ambientales sostenibles, que tendrán un presupuesto anual de 1.107 millones de euros, según ha avanzado Planas.

La adopción de esas prácticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental “es una necesidad colectiva de nuestra sociedad en esa transición hacia una economía libre de carbono”, ha justificado.

PRESIÓN PARA ALCANZAR UN ACUERDO ANTES DE FINAL DE AÑO: “SI LA COMISIÓN EUROPEA NO LO APRUEBA, AQUÍ NO COBRA NADIE”

El ministro también ha planteado que la futura PAC sea “más justa” y “más social”, y que esta se dirija a la “inmensa clase media de agricultores y ganaderos”, teniendo en cuenta el marco normativo comunitario.

Planas ha insistido en que, en la conferencia sectorial del pasado 14 de julio, las autonomías expresaron sus posiciones y acordaron seguir trabajando en la redacción del plan, que deberá ser entregado a Bruselas antes de fin de año.

“Si la Comisión Europea no lo aprueba, aquí no cobra nadie”, ha afirmado Planas para llamar la atención sobre la necesidad de alcanzar un pacto.

Además, ha abordado aspectos de su propuesta como la definición del agricultor profesional, el pago redistributivo, el incremento de los fondos para favorecer el relevo generacional (hasta 145 millones de euros anuales) o el aumento en un 15 % del presupuesto en ayudas asociadas, destinadas a sectores vulnerables como la ganadería extensiva.

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Manuel González Ramos, ha resaltado, en el turno de preguntas, que se debe cumplir con los acuerdos y reglamentos de la Unión Europea, así como con la “diversidad de España”.

Por parte del grupo popular, la portavoz Milagros Marcos ha puesto en duda que las comunidades pudieran apoyar al Gobierno en julio pasado si les faltaba por conocer las propuestas en asuntos como los ecoesquemas o las regiones de pago, y ha aludido a las nuevas movilizaciones convocadas por los agricultores porque pueden perder ayudas mientras aumentan las exigencias ambientales y los costes de producción.

El representante de Vox Ricardo Chamorro ha acusado al Ejecutivo de practicar “demagogia ecologista” cuando persisten los precios bajos en el campo y se imponen a los productores “más obligaciones con menos dinero”, haciéndoles perder competitividad exterior.

Desde Podemos, la diputada Isabel Franco ha pedido que se incorpore la condicionalidad social (ayudas a cambio de cumplimiento de normas laborales) de forma voluntaria a partir de 2022, en lugar de 2024, y que se garanticen las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones.

Por el grupo Plural, Xavier Eritja (ERC) ha echado en falta “por ahora el consenso con los territorios”; Concep Cañadell (PDeCAT) ha reclamado que Cataluña pueda definir sus propias políticas agrarias; y Joan Baldoví (Compromís) ha exigido el tratamiento en frío para las importaciones de cítricos de países terceros ante el aumento de plagas.

La diputada de Ciudadanos María Carmen Martínez ha lamentado que no se acepten enmiendas del resto de grupos en el proyecto de ley de la cadena alimentaria, mientras que el del PNV Joseba Agirretxea ha instado al Gobierno a ser “más flexible” y hacer caso a lo que le reclaman las comunidades respecto al reparto de fondos europeos, al avez e criticaba su amenza de que «aquí no cobra nadie».