El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este martes 2 en el Senado la necesidad de alcanzar un pacto de Estado sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) del que se pueda beneficiar la «inmensa clase media de la agricultura española».

Así lo ha afirmado en el Senado en su respuesta al senador Juan Carlos Medina Martínez, del Grupo Parlamentario Vasco, que le ha preguntado sobre las ayudas directas de la PAC 2021-2027 y en especial sobre el periodo transitorio de 2021 y 2022.

«Estoy convencido de que podremos lograr un pacto de Estado para que efectivamente la inmensa clase media de la agricultura española, los agricultores y ganaderos, puedan beneficiarse de estos fondos que tan necesarios son para los retos que afrentamos en esta década», ha alegado Planas ante la pregunta del senador, que ha defendido la aplicación de planes regionales y no uno estatal.

Entre los retos que ha enumerado el titular de la cartera de Agricultura están la innovación, digitalización, renovación generacional, la incorporación de jóvenes y la igualdad de género; todos estos aspectos sumados «evidentemente» a la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente y el beneficio a la inmensa clase media de la agricultura española, ha añadido el ministro.

Planas ha recordado que España dispone de 47.724 millones de euros, un «éxito que logró el Gobierno de España» en el Consejo Europeo de julio del año pasado.

Asimismo, ha asegurado que desde comienzos de 2019 han estado trabajando «con el conjunto de las Comunidades Autónomas, de las organizaciones profesionales agrarias y todos los actores del sector rural» para lograr «un buen plan estratégico nacional» que permita aplicar «los mejores instrumentos» a agricultores y ganaderos.

Por otra parte, ha recordado que espera alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas «este mismo año» de cara a la nueva PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, y, para el periodo anterior, ha explicado que el pasado 26 de enero aprobaron un decreto que cubre los años 2021 y 2022 en base al reglamento europeo y a las recomendaciones de la Comisión Europea.

Ha celebrado también el documento común elaborado por el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia sobre su posición en este tema.

Por su parte, el senador ha solicitado que se garanticen los fondos financieros suficientes tanto para las ayudas directas como para asegurar la política de desarrollo rural en estos dos próximos años y «mecanismos de protección» a los sectores afectados por la covid-19.