El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es partidario de mantener las ayudas de la PAC a «agricultores ocasionales», principalmente los jubilados, porque es un colectivo que evita el abandono de tierras agrícolas.
En una comparecencia de prensa antes de celebrar dos consejos consultivos con los consejeros autonómicos de Agricultura y Pesca de las autonomías, el ministro ha adelantado que el diseño de la futura Política Agrícola Común) y de la pesquera estarán en el centro del debate.
En cuanto a la PAC, para la programación 2028-2034 se han planteado ya algunos debates a nivel europeo como la pertinencia o no de que los productores jubilados sean perceptores.
Será una de las discusiones durante esta jornada y ha adelantado que las posiciones están divididas, entre una mitad de autonomías a favor y otras tantas en contra.
Para Planas, «tiene razón de ser» que las ayudas lleguen más allá del agricultor profesional que, no obstante, es el «beneficiario original y primario».
«SI DEJAMOS DE DAR ESTAS AYUDAS, (JUBILADOS Y AGRICULTORES OCASIONALES) EL RESULTADO PUEDE SER LA DESERTIFICACIÓN POR ABANDONO Y ES LO PEOR QUE NOS PUEDE PASAR»
Por eso, está a favor de mantenerlas también para «pequeños agricultores de carácter ocasional o a tiempo parcial», como los jubilados, que cuidan la tierra agrícola.
«Si dejamos de dar estas ayudas, (…) el resultado puede ser la desertificación por abandono y es lo peor que nos puede pasar», ha incidido.
Por lo demás, en esta propuesta de la PAC se incluirá una obligación para proveer un sistema de gestión de riesgos -al estilo de los seguros agrarios combinados de España- para hacer frente a eventos como las crecientes sequías en el territorio.
Ha defendido nuevamente la necesidad de mantener al menos el nivel presupuestario de la actual programación y «conseguir un equilibrio» entre el «carácter europeo» de esta política y la flexibilidad en su aplicación por parte de los Estados miembros.
El ministro cree oportuno «no ir más allá de la actual cofinanciación» porque «podría llevar a una renacionalización de la PAC».
Informará a los consejeros de que la negociación de la PAC está en «plena discusión» a nivel comunitario y les pedirá unión de cara a defender una postura nacional.
El objetivo es que la nueva programación entre en vigor el 1 de enero de 2028 y, en caso de que no fuese así, habrá que establecer un periodo transitorio de aplicación, algo que «siempre ha ocurrido en el pasado».