El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha criticado una campaña de Justicia Alimentaria contra la supuesta explotación laboral en el campo financiada con fondos públicos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra.

Planas ha respondido a una carta de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), que se quejaba del contenido de la campaña de esa organización no gubernamental con fondos públicos titulada «Exporta, explota, me expló!».

El ministro de Agricultura dice en su misiva «compartir plenamente» la valoración de Fepex sobre la campaña, «tanto por lo inaceptable de su contenido como por el daño reputacional que puede ocasionar a un sector tan importante» para España y su economía.

Planas asegura que las afirmaciones de Justicia Alimentaria «no se ajustan a la realidad del sector agroalimentario» español y que trasladará la «valoración negativa» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre tales actuaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra.

La campaña, que ha recibido fondos de ese ministerio, denuncia la supuesta precariedad laboral que se da en los sectores exportadores de las frutas y hortalizas, de la carne y de las conservas de pescado, así como en las plataformas digitales de reparto y en las empresas de trabajo temporal que operan en el sector alimentario.

Justicia Alimentaria reclama una transformación del sistema alimentario y un «nuevo contrato social agroalimentario basado en la alimentación saludable, justa y sostenible como un derecho humano».

Para UPA Andalucía, la campaña se basa en un informe cuya clara intencionalidad es difamar a una serie de sectores estratégicos –entre el que se encuentra el sector hortofrutícola- con argumentos falsos sobre explotación laboral de personas inmigrantes.

Además, la campaña en cuestión incluye como modelo de explotación laboral el procedimiento GECCO, puesto en marcha por el Gobierno de España y que regula de forma muy pormenorizada la contratación de origen.