Ante la proliferación de parques renovables y la falta de una legilación nacional, UPA-UCE Extremadura ha pedido a la Junta que regule la implantación de infraestructuras de energías renovables en aquellos terrenos no aprovechables para uso agrícola en esta región, a la vez que reclaman que se compensen a las poblaciones rurales afectadas.

Cabe señalar que la Ley de Cambio Climático y Transición energética implica el desarrollo de miles de Mega watios de energía renovable en nuestro país en los próximos años, fundamentalmente de las tecnologías eólica y solar, que precisarán decenas de miles de hectáreas de superficie de suelo rústico.

Para UPA-UCE Extremadura, el nuevo boom de las renovables ha llegado al campo y está desatando una auténtica ofensiva y presión en busca de todo tipo de suelo. Precisamente esa falta de distinción de tipo de suelo hace que este hecho pueda ser nocivo para el propio profesional de la agricultura y ganadería.

RECLAMAN QUE LOS NUEVOS PROYECTOS INCLUYAN MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA LAS POBLACIONES RURALES DE LAS ZONAS EN LAS QUE SE INSTALEN

“No podemos olvidar que el suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como se debe preservar; estando obligadas las diversas instituciones a establecer medidas legislativas en tal sentido. Instamos a las distintas administraciones a que se adopten medidas de apoyo para las explotaciones familiares agrarias”, reclama el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Hueras.

Esta organización agraria apoya la instalación de infraestructuras de energías alternativas, siempre y cuando se genere riqueza, bienestar y futuro para todos, sobre todo para los agricultores y ganaderos que están en el territorio. “En ningún caso aceptaremos que grandes grupos empresariales y fondos de inversión se lucren a costa de lo que sea y de quien sea, acaparando superficies de tierras de labor que son imprescindibles para la producción de los alimentos que demanda la sociedad”, mantienen.

En el año 2030, Extremadura podía tener instalados 20.000 megavatios de energía fotovoltaica, que ocuparían unas 46.000 hectáreas. UPA-UCE Extremadura quiere dejar claro su apuesta por las energías renovables pero también su rechazo a que la instalación se lleve a cabo en terrenos de cultivo vitales para la región.

Además, desde esta organización agraria reclaman que los nuevos proyectos incluyan medidas compensatorias para las poblaciones rurales de las zonas en las que se instalen. “Las administraciones deben fomentar y aplicar las ayudas para la instalación de infraestructuras y solares que sirvan para cubrir las necesidades de energía de las propias explotaciones agrícolas y ganaderas, apoyando así la economía circular”, apunta Huertas.