La Junta de Castilla y León ha dejado sin efecto la orden de su Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del pasado 15 de mayo relativa al movimiento de ganado bovino, tras la reacción del Ministerio de Agricultura, que este lunes 26 dictaminó la prohibición, al considerar que la norma autonómica violaba la legislación europea y nacional para erradicar la tuberculosis bovina. La administración regional esperará ahora a la resolución judicial del contencioso administrativo planteado por el Gobierno de España ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

ASAJA-Castilla y León ya reclamó hace días a la Junta la convocatoria urgente de una reunión monográfica del Consejo Agrario de Castilla y León, ante la enorme preocupación generada en el sector ganadero por este enfrentamiento institucional. Nuestra organización solicitó ese encuentro para analizar las repercusiones de la medida y qué soluciones plantea la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural para que nuestros ganaderos de bovino puedan continuar con su actividad ordinaria.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que «el planteamiento de la Junta es muy claro y pasa por que deje de estar vigente la orden ministerial».

La administración autonómica ha buscado el instrumento legal de no oponerse a la medida cautelar de suspensión de la orden de la Consejería, según pedía el Gobierno de España, pero tampoco derogarla, y esperar así —con la orden en suspenso— a la resolución judicial, confiando la Junta en que decaiga la orden ministerial de prohibir el movimiento de ganado.

El Ministerio argumenta que la resolución autonómica vulnera «gravemente» la norma comunitaria y nacional para la erradicación obligatoria de la tuberculosis bovina, al permitir el movimiento de animales, expresamente prohibido, desde explotaciones con la calificación sanitaria suspendida o retirada.

RECURSO EN EL TSJ

Por ello, el lunes 26 de mayo publicó una orden que restringe el movimiento desde Castilla y León hacia otras autonomías de España y a otros Estados miembros, salvo desde las provincias de Valladolid, León y Burgos, que oficialmente se encuentran libres de infección, según la Comunidad Europea. Además, el Ministerio presentó el pasado 23 de mayo un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución autonómica.

Según Fernández Carriedo, la Junta quiere flexibilizar ese marco normativo «hasta donde lo permita la ley». El portavoz del gobierno de coalición PP-Vox afirmó que la orden ministerial «causa dificultades y perjuicios, y sería bueno que no se aplicase». La medida cautelar aceptada por la Junta supone volver a la situación previa, que no permite el movimiento de ganado.