El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha abogado porque la Política Agraria Común se dirija a los profesionales que están comprometidos con la actividad agrícola o ganadera y «se juegan su dinero», no en aquellos «que tienen una actividad de fin de semana» y ha puesto como ejemplo a Francia, país más perceptor de ayudas y en el que sólo hay 300.000 perceptores de la PAC, un tercio de los 900.000 perceptores que hay en España.
En unas jornadas sobre los 30 años de la PAC que se celebran en Toledo, el consejero ha considerado que «hay que hacer una apuesta de verdad por los agricultores profesionales, que en España nos cuesta mucho hacerla, cuando en otros países no ha sido necesario hacer una apuesta pública o política para revolver este problema.
Según Martínez Arroyo, «hay que pensar en aquellos que se está jugando su dinero en la actividad agraria o ganadera y que está generando empleo, no en aquellos que tienen una actividad de fin de semana».
La ayuda de la PAC «no es una ayuda social, contrariamente a lo que muchas veces se dice, no tiene el objetivo de resolver problemas sociales de las familias», sino que sus objetivos son agrarios «que haya agricultores y ganaderos que se juegan su dinero, que realmente están comprometidos con la actividad y a ellos es a los que hay que dirigir las ayudas».
El consejero aboga porque la Comisión Europea oriente sobre a quién hay que pagar las ayudas
El consejero ha argumentado que «si en España hay 900.000 perceptores y en Francia solo 300.000, con más ayudas, más territorio y más superficie agraria, algo pasa, y creo que eso lo deberíamos pensar de cara al futuro».
Asimismo, ha apuntado que también tiene que ayudar la normativa comunitaria, que la Comisión Europea oriente sobre a quién hay que pagar las ayudas, porque el objetivo es medioambiental.
«Habrá que hacer compatibles ambos aspectos y si luego hay un componente ambiental, que en este caso es el del greening (pago verde), hay que aplicarlo», ha señalado Martínez Arroyo, quien ha insistido: que se aplique «en aquellos que realmente están jugándose su dinero en agricultura y ganadería, que en realidad son los que están manteniendo el territorio».
Al respecto, ha señalado que de los 900.000 perceptores españoles de la PAC un porcentaje muy alto son agricultores que no viven directamente de la agricultura, que tienen realmente otras actividades principales.
También ha abogado porque la política de desarrollo rural se acomode más a la realidad de los territorios rurales de la Unión Europea, que sea «más territorial y menos sectorial» y tenga en cuenta problemas como el del despoblamiento que sufren regiones como Castilla-La Mancha.
Además, ha defendido la necesidad de difundir la importancia de la PAC entre la población en general, como una contribución de los consumidores a sus agricultores y ganaderos, un trasvase de fondos y de recursos que hace la sociedad europea.
Este trasvase se hace a través de una política visible cuando se reparten fondos, «pero que no es más que el apoyo que se da a otros sectores de la economía», ha precisado Martínez Arroyo.
Es un trasvase de recursos a los agricultores y ganaderos, por aquello que están haciendo no solo desde la perspectiva de la producción agrícola y ganadera sino también de otras como las de la seguridad alimentaria o la medioambiental, ha añadido Arroyo.
Y ha subrayado que es preciso partir de la base «de que el objetivo principal de la PAC es la agricultura profesional, apoyar a aquellos que se juegan su dinero en la agricultura y hacerlo como una contribución de los consumidores a sus agricultores y ganaderos que permiten que Europa tenga la mayor seguridad alimentaria del mundo».