Juan de Dios Hernández / Director Gerente Exportaciones DIALI, S.L.

Son muchos los aspectos que juegan en contra del sector citrícola: Competencia desleal de otros países productores, plagas, costes de lo fitosanitarios, el incumplimiento de la normativa comunitaria por países terceros, todo eso unido a recortes y más recortes en las transferencias de agua Tajo-Segura, etcétera…

Y por si fuera poco hace menos de un mes desde la fecha en que celebramos la onomástica de la publicación en el BOE (20/06/2020) de la orden que extiende el acuerdo de AILIMPO  fijando una aportación económica obligatoria  para realizar actividades de comunicación y mejora del sector del limón y pomelo, o lo que es lo mismo, perjudicar y empobrecer aún más el ya esquilado sector cítrico, o si se me permite: “Exprimir aún más la delicada situación de los cítricos “.

Ni que decir tiene que este año que estamos dejando atrás ha sido especialmente difícil, tanto por la precaria situación que venía atravesando nuestro sector como, además, por la pandemia sanitaria que todavía seguimos padeciendo. Ni la precariedad del sector, ni la propia pandemia, ambos hechos conocidos a la fecha de la publicación de la orden, fueron tenidos en cuenta por la asociación que la promovió y propuso la extensión de norma con mero y único afán recaudatorio.

Efectivamente parece que no siendo suficientes las cuotas que pagan los asociados, AILIMPO-valiéndose de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre , reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias lleva a cabo el ineludible procedimiento administrativo que obliga finalmente a los agricultores , a los operadores industriales e industrias a tener que desembolsar nuevas aportaciones “obligatorias”, además de servir como fieles recaudadores por y para la causa.

Por lo dicho, vengo a manifestar mi más profundo desacuerdo en la medida adoptada, por injusta, inoportuna, gravosa e indiscriminada, y sirva la presente como constancia de la opinión generalizada del sector que ha visto en su actuación un penalización económica, inadecuada e improcedente.