Los transportistas autónomos asociados en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte han decidido convocar un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo al lunes para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas.

La Plataforma ha anunciado este lunes en una rueda de prensa los resultados de las votaciones organizadas durante el pasado fin de semana de las asambleas provinciales, que, con un 86% de los votos y tan sólo un 2% de abstenciones, han acordado secundar una iniciativa que el Gobierno espera que, finalmente, no se produzca.

Esta organización de transportistas autónomos de mercancías por carretera -en su mayoría, autónomos- ya organizó el pasado marzo un paro que se mantuvo durante 20 días y provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional.

Aquellos paros se interrumpieron finalmente después de que el Gobierno se comprometiera a sacar adelante una ley de control de costes (aprobada en agosto) que obliga a los cargadores a fijar un precio justo y suficiente para que a los transportistas les salga a cuenta realizar su trabajo.

«Siete meses después, no se respeta el precio de coste a los transportistas, que cada vez pagamos más», ha lamentado el portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, que cree que la situación es «una tomadura de pelo»; y ha defendido que «la ley de costes tiene que dar respuesta a todo tipo de transportes».

En declaraciones a Efe, Hernández ha avisado de que, «si hasta la fecha indicada la Administración no trabaja y no demuestra que quiere colaborar con acuerdos firmados sobre las peticiones que el sector ha hecho, el transporte cesará su actividad».

La razón de la nueva convocatoria de paro es, precisamente, la «pasividad» de la Administración en el control de la aplicación de la norma que obliga a los cargadores a pagar precios que cubran los costes del servicio, según explicaba hace unos días la Plataforma.

Los convocantes proponen hacer «todos los cambios necesarios» a la reciente ley, que «ahora se demuestra que no se cumple», y que se copie la iniciativa francesa.

El objetivo no es otro que «dar una respuesta veraz en la calle», que los transportistas puedan trabajar «a unos precios que permitan hacer a sus empresas viables» y que los precios que el consumidor paga por el transporte «realmente lleguen a quien tiene el coste y no se lo queden los intermediarios como está pasando desde los últimos 20 años».

El pasado 29 de octubre, los delegados provinciales de esta plataforma -que no está integrada en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que sirve de interlocutor del sector con el Gobierno- ya votaron a favor de convocar un nuevo paro y decidieron consultar a sus bases para tomar una decisión final.

De acuerdo con los datos proporcionados  por la Plataforma, la votación de este fin de semana se ha saldado con un 86% a favor del paro, mientras que un 2 % se ha abstenido y el resto ha votado en contra.

Los transportistas autónomos trabajarán durante «estos días» para «organizar las acciones a llevar a cabo» en relación a esta convocatoria de paro, que también ha sido apoyada por organizaciones del sector primario, como Asepres, que ha pedido que se controle el doble etiquetado, la ley de bienestar animal y los precios del combustible, con los que van «a la ruina».

Con todo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, espera que el paro no tenga lugar porque el escenario ahora es distinto.

Por este motivo ha pedido «responsabilidad a un sector que lo ha pasado muy mal y lo pasa mal», y ha incidido en que «este Gobierno ha cumplido con todos los compromisos».

En cualquier caso, si finalmente se producen las movilizaciones, Sánchez confía en que se hagan «en un entorno tranquilo y pacífico y, sobre todo, que se garantice que aquellos que quieren trabajar, lo pueden hacer».

DENUNCIAN A SEIS GRANDES OPERADORES DE TRANSPORTE

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha instado a los transportistas a que denuncien los incumplimientos que detecten de la citada ley de costes por parte de los cargadores, para que los inspectores puedan realizar su trabajo y, llegado el caso, imponer la multas que correspondan, que pueden llegar incluso a los 4.000 euros.

En este sentido, durante su intervención, el portavoz de la Plataforma también ha desvelado que han denunciado «a seis grandes operadores de transporte», y que «todavía, después de un mes y medio», desconocen si se les ha abierto algún expediente.

A tenor de sus datos, más de una decena de empresas cargadoras incumplen la norma porque sus precios están lejos de cubrir los costes reales de un camión, mientras que el Ministerio de Transporte no está llevando a cabo las debidas actuaciones para comprobar, y sancionar en su caso, esas irregularidades.

Estos transportistas creen que desde la Dirección de la Inspección de Transporte «se pretende aliviar de cualquier presión a los infractores, desautorizando a las autoridades que fundamentalmente deben de ser los primeros controladores del cumplimiento de la ley».

LA MAYOR PATRONAL DEL SECTOR ADVIERTE: EL PARO ELEVARÁ LOS PRECIOS

Tras el anuncio, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor patronal del sector, ha pedido la intervención de las fuerzas de seguridad ante el paro convocado por los transportistas autónomos a partir de las 00:00 horas de la madrugada del domingo al lunes, y ha advertido de que éste podría elevar aún más los precios en los supermercados.

Las grandes empresas del sector han pedido «paciencia» y «diálogo» a los integrantes de la Plataforma, y han calificado de «descaro que se intente engañar a los transportistas y que se les haga creer que la única solución es la de paralizar sus camiones, poniendo encima de la mesa mensajes populistas y argumentos engañosos», han sentenciado.