Reconocer por ley el derecho humano al agua y condicionar el uso de este recurso a criterios estrictos de transparencia, sostenibilidad e interés general son algunas de las medidas urgentes solicitadas este martes 14 en un documento firmado por hasta 17 organizaciones sociales y ambientales.
El objetivo principal de este informe es conseguir «una nueva hoja de ruta para la política del agua en España durante la próxima legislatura», ha explicado la directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, quien ha insistido en la necesidad y la urgencia de estas reformas con el fin de «reorientar la gestión del sector a través de un uso sostenible».
La propuesta, remitida ya a los diferentes partidos políticos, recoge 14 medidas divididas en dos grupos, distinguiendo las más urgentes de las que podrían establecerse «para finales de la legislatura», aunque «necesitamos que el nuevo gobierno central desarrolle todas» para evitar «abusos que favorecen intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas».
Este conjunto de medidas propone revisar el Memorándum del Trasvase Tajo-Seguro para reducir la dependencia e impactos de este tipo de obra hidráulica así como eliminar las sociedades estatales de aguas y «devolver sus competencias a la administración pública» para «evitar problemas como el del caso Aquamed» donde expertos de la Fiscalía Anticorrupción creen que el fraude investigado puede superar los 20 millones de euros.
Para fomentar el uso eficiente del agua, el texto insta también a la aplicación de una política de recuperación de costes de su uso y anima a la acotación de los conceptos de «interés general» y «obra de emergencia».
Otras medidas urgentes son paralizar o abandonar definitivamente obras hidráulicas con muchos conflictos ambientales y sociales -el texto cita entre ellas el dragado del estuario del Guadalquivir o el trasvase del río Castril- y fomentar los valores naturales del agua revisando los regímenes de caudales, reactivando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y promoviendo infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales.
Las intervenciones «de envergadura para finales de la legislatura» incluyen, según ha explicado el coordinador de políticas ambientales de SEO/BirdLife David Howell, la revisión «de una vez por todas» de la Ley de Aguas, los organismos de cuenca y los planes hidrológicos para garantizar el cumplimiento de la normativa europea y afrontar «el nuevo reto de proteger el recurso natural».
El documento también propone usar criterios sociales y ambientales para la revisión de los planes especiales de sequía «de acuerdo con la nueva planificación hidrológica» y simplificar los trámites administrativos para los usos lúdicos y recreativos.
Alentar una mayor participación ciudadana tanto en debates como en procesos y órganos de toma de decisión respecto al agua, fomentar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático e impulsar una «mejor coordinación» de las políticas del agua con las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial completan este conjunto de sugerencias.
César Rodríguez, portavoz de la asociación para el estudio y mejora de los salmónidos (AEMS) Ríos con Vida, ha señalado además algunos de los problemas del agua en España: «la actual ordenación del territorio, la intervención humana en ecosistemas naturales y la construcción de nuevas infraestructuras con gran impacto ambiental».
A ello hay que sumar el «mal uso» del agua, por su contaminación y derroche «al no utilizar su ciclo natural, lo que en el futuro provocará conflictos que la sociedad deberá asumir cuanto antes».
Entre las entidades firmantes del documento figuran Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua o la Asociación Ojos del Guadiana Vivos.