El Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida ha ordenado la apertura de juicio oral contra la organización agraria UPA-UCE Extremadura y siete de sus dirigentes, entre ellos su secretario general, Ignacio Huertas, acusados de un delito continuado contra la Hacienda Publica en el cobro de subvenciones, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Esta actuación está enmarcada en la llama Operación Tellus, llevada a cabo en el año 2016, y en el auto, en el que se da por formulada la acusación contra UPA-UCE Extremadura,también se recoge la acusación por delito de pertenencia a organización criminal para los siete acusados, unos como coordinadores y otros como partícipes en la misma.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, se ratifica además la libertad con cargos para los siete acusados y una fianza de 4,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

El pasado mes de febrero, la Fiscalía de Mérida hizo público su escrito de acusación, en el que propone penas de prisión, que oscilan entre los 2 y los 15 años y diez meses de prisión, para estas siete personas, en función del delito y grado de participación de los encausados y una multa en cuantía superior a los ocho millones de euros para UPA-UCE.

EL ABOGADO DE LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS DEFIENDE QUE LA ACUSACIÓN DEL FISCAL ES «ERRÓNEA» Y HA RATIFICA LA «INOCENCIA TOTAL Y ABSOLUTA» DE SUS REPRESENTADOS

Los hechos por los que se formula acusación se refieren al periodo temporal que comprende los años 2010 a 2015 y se contraen a «la presunta creación de un entramado organizativo, con distintos niveles de responsabilidad de acuerdo al cargo ocupado por los encausados».

Este sistema estaba encaminado a «destinar fondos procedentes de subvenciones» del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, de Extremadura y del Ministerio de Agricultura «a fines diferentes a los establecidos por la reglamentación que los regula» y cuya cuantía se estima en unos 4,3 millones de euros.

El abogado encargado de la defensa de los acusados, Ildefonso Seller, ha asegurado a Efe que la acusación que se está efectuando desde el Ministerio Público es «errónea», y ha defendido la «inocencia total y absoluta» de sus representados.

«Mis clientes no han cometido ningún tipo ni de irregularidad administrativa ni mucho menos penal», ha recalcado, a la vez que ha considerado que la apertura del juicio oral es un trámite que se esperaba.

Al respecto, ha denunciado estar en «desigualdad de condiciones» frente al Ministerio Público, ya que al fiscal le dieron «60 días para acusar» y a él «10» para hacer su «escrito de defensa sobre cinco años de instrucción», una situación que, según dice, ha sido corregida con un nuevo plazo de 60 días gracias a los recursos y escritos presentados.