La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha criticado duramente la “ofensiva criminalizadora” que acaba de poner en marcha el Gobierno central, a través de la Inspección de Trabajo, consistente en una campaña de requerimientos de oficio dirigida a los agricultores y operadores del sector citrícola para que tomen, de manera inmediata, medidas obligatorias de prevención, higiene, información, alojamientos y organización de trabajadores establecidas en la legislación relativa al Covid-19.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denuncia que “el Ministerio de Trabajo se suma de esta manera tan hostil a la vergonzosa conducta que viene exhibiendo la Generalitat Valenciana, al eludir también sus responsabilidades en la lucha contra la pandemia a pie de campo y trasladar los correspondientes sobrecostes económicos y la carga burocrática a los agricultores y ganaderos. Al menos los gobiernos deberían tener la decencia de acompañar estas exigencias con un paquete de ayudas o incentivos que facilitaran su aplicación en un colectivo ya de por sí castigado por la falta de rentabilidad”.

SIN PRUEBAS PCR

Aguado no entiende esta ofensiva criminalizadora que, en el caso de la citricultura, “los inspectores de Trabajo pongan a los productores individuales en su punto de mira, como si se tratara de delincuentes, ya que todo el proceso de cultivo se ha desarrollado sin mayores problemas de contagios y cuando la actual fase de recolección corre a cargo de las cooperativas y los comercios privados”.

Respecto al diálogo con las administraciones, el presidente de AVA-ASAJA reprocha que “las administraciones no han querido consensuar pautas con las organizaciones agrarias ni antes de las campañas agrícolas ni durante las mismas. A diferencia de otras comunidades como La Rioja o Castilla y León, el Consell no ha atendido nuestra reivindicación de hacer pruebas PCR a los temporeros que llegan de otras regiones para trabajar en las explotaciones agrarias. Lo único que recibimos son más gastos, más burocracia y más incomprensión, como si la responsabilidad de que España lidere la afección de la pandemia no recayera sobre los políticos por su nefasta y caótica gestión”.

Para facilitar a los citricultores el cumplimiento de todas las obligaciones exigidas por la Inspección de Trabajo, AVA-ASAJA ofrece su servicio de prevención de riesgos laborales, el primero mancomunado en el sector agrario valenciano.

Entre las medidas recogidas en el requerimiento de oficio que está llegando a miles de productores citrícolas destacan la evaluación de riesgos en función de las actividades agrarias; la elaboración de un plan de contingencia específico; la información y formación actualizada sobre las medidas organizativas, de higiene y técnicas implantadas en el centro de trabajo; el uso de carteles y señalización; un protocolo de limpieza, desinfección y ventilación; ordenación de los puestos de trabajo y organización de turnos; limitaciones en el transporte y en las cuadrillas de trabajadores; medidas en alojamientos; y evaluación de temporeros especialmente sensibles a la enfermedad.

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