La nueva normativa del Gobierno español para que el sector de frutas y hortalizas se adecue a las nuevas normas para la próxima PAC a partir del próximo 1 de enero divide a las asociaciones que lo representan, sobre todo en los cambios que afectan a las organizaciones de productores.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 12 de octubre tres reales decretos (RD 855/2022, RD 856/2022 y RD 857/2022) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con el nuevo paquete legislativo para la aplicación de la PAC 2023/27 en el sector hortofrutícola.

El último de ellos, el más extenso, regula los fondos y programas operativos (OP) de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH); el segundo, flexibiliza medidas para afrontar los efectos de la guerra en Ucrania, la sequía y las heladas y, el primero, regula el reconocimiento y funcionamiento de las OPFH.

LA REFORMA VIENE PORQUE EL EJECUTIVO COMUNITARIO SUGIERE QUE HAY DEMASIADAS OPFH Y DE PEQUEÑO TAMAÑO

Sobre este último, el Real Decreto 855/2022, en el que las opiniones en el sector discrepan desde que salió su borrador.

De manera general, eleva el mínimo de miembros de una OPFH de cinco a diez, con un valor mínimo de producción comercializable que también sube -de tres a seis millones de euros- en las principales regiones productoras hortofrutícolas españolas, que tendrán un periodo de cuatro años para adaptarse a estos cambios.

En la normativa, el MAPA hace alusión al documento «Recomendaciones de la Comisión para el Plan Estratégico de la PAC de España», en el que Ejecutivo comunitario sugiere que hay demasiadas OPFH y de pequeño tamaño y propone adecuarlas a las nuevas normas para la próxima PAC.

Para el director general de la federación hortofrutícola Fepex, José María Pozancos, estas nuevas condiciones adicionales «limitarán el acceso de los productores a los fondos y los programas operativos, principal medida de financiación de inversiones y de acciones de mejora de calidad» con la que cuentan los productores.

Ha recordado que los fondos operativos están cofinanciados en un 50% por los productores y en otro 50% por la Unión Europea (UE), con un límite máximo de ayuda financiera comunitaria del 4,6 % del valor de la producción comercializada.

POSTURAS ENCONTRADAS: DESDE «LO QUE IMPORTA ES SUMAR, NO DE ECHAR GENTE» A «EVITAR QUE ENTREN FONDOS DE INVERSIONES»

Desde Asaja, el responsable técnico del sector, José Ugarrio, ha confirmado que esta asociación agraria se ha mostrado en todo momento crítica con los incrementos del número mínimo de socios de una OPFH y del valor mínimo de producción comercializable.

A su juicio, muchas de las OPFH que ya están constituidas tendrán que ver la viabilidad de si pueden cumplir o no con este nuevo criterio en el periodo transitorio, y «de lo que se trata es de sumar, no de echar gente que ya está dentro del sector».

En contraste, el responsable hortofrutícola y miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Andrés Góngora, ha considerado «un paso adelante, aunque insuficiente», la elevación de los mínimos para el reconocimiento de una OPFH, una «reclamación histórica» de esta asociación.

Para Góngora, aumentar aún más el mínimo de miembros podría evitar «situaciones indeseadas que desvirtúan el espíritu de las OPFH y facilitan el trasvase de ayudas públicas a fondos de inversión especulativos», a la vez que favorecería la «concentración de la oferta».

El responsable de fruta dulce de Unión de Uniones (UDU), Josep Cabré, ha apuntado que «más allá de que el número de socios de una OPFH sea más o menos, lo que más nos preocupa es que los que sean, sean agricultores profesionales».

«Hay que evitar la entrada de fondos de inversión y de gente de fuera del sector que se pueda beneficiar de ayudas a las OPFH», ha sentenciado, no si antes añadir que la ampliación del número mínimo de socios «será difícil en algunas regiones y comarcas para sectores específicos».