Luis Planas, de nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que este lunes 13 ha prometido su cargo al frente del MAPA, tendrá que responder en esta legislatura agroalimentaria a un sector que le exige soluciones en un escenario cambiante en lo internacional -«brexit», PAC y aranceles- y complejo en lo nacional, con movilizaciones agrarias ya anunciadas

Planas tiene una tarea compleja en lo transversal, porque las políticas de agua, desarrollo rural, digitalización, género e igualdad, o forestal trascienden las competencias de distintos ministerios del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez; baste como ejemplo la vicepresidencia para la Transición Ecológica y Reto Demográfico o el Ministerio de Consumo.

Y la tiene en lo internacional, porque aún están por «sufrir» -y gestionar- las consecuencias logísticas, aduaneras, arancelarias y comerciales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tras su entrada en vigor en la fecha prevista: el 31 de enero.

En el caso de los aranceles norteamericanos a los productos de la Unión Europea (UE), el desafío no será solo recuperar la competitividad en dicho mercado o encontrar nuevos destinos para los alimentos españoles afectados por las tasas; el reto será también gestionar las políticas exportadoras frente a la volatilidad decisoria del Gobierno de Donald Trump.

Todo ello sin perder de vista que en Bruselas se negocia la próxima programación de la Política Agraria Común (PAC), que planteará mayores requisitos medioambientales a los agricultores y ganaderos y cuyo presupuesto se verá afectado por el recorte de ingresos derivado del «brexit», que se teme redunde en una reducción de los fondos destinados a los productores.

los agricultores y los ganaderos ya han advertido de que habrá movilizaciones en este 2020 por los bajos precios en origen

La tarea del ministro es también compleja en lo nacional en esta legislatura agroalimentaria, con un nuevo Gobierno que arranca la legislatura con el foco puesto en la despoblación y los efectos del cambio climático -cuestiones en las que la actividad agroganadera tienen una intervención fundamental-.

Y con la dificultad de concitar los diferentes intereses de las comunidades autónomas en materia de agua y trasvases, totales de capturas pesqueras o sobre Plan estratégico de implantación de la PAC, entre otros aspectos.

Y lo será más en lo sectorial: los agricultores y los ganaderos ya han advertido de que habrá movilizaciones en este 2020 por los bajos precios en origen y los desequilibrios en la cadena de valor alimentaria, además de por considerar que «pagan sin tener la culpa» de los conflictos comerciales internacionales.

Desde el sector insisten, además, en la necesidad de fomentar el rejuvenecimiento en el agro y la visibilidad de las mujeres en el territorio, así como defender el papel del sector en el mantenimiento económico y social del rural.

Reclaman una mayor concreción de las medidas para evitar la venta a pérdidas, medidas de mercado para afrontar las dificultades de rentabilidad de las explotaciones y el apoyo a los sistemas productivos comunitarios.

Entre lo más inmediato, las licitaciones para el almacenamiento privado de aceite de oliva: aprobado por la Unión Europea (UE), pero con poco efecto por el momento para los productores españoles.

Un incertidumbre más ante esta legislatura agroalimentaria.

(Texto: Laura Cristóbal / Efeagro)