La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Ávila se ha sumado a otras iniciativas y ha iniciado el proceso para interponer demandas contra las nueve industrias lácteas y dos asociaciones de empresas lácteas para reclamar “los daños que provocaron a los ganaderos” en el periodo comprendido entre 2000 y 2013.

Por ello, esta organización agraria ha informado este martes en nota de prensa de que, ante el inicio del proceso judicial que va a impulsar en defensa de este colectivo, está informado a los ganaderos de vacuno de leche de la provincia.

Según UPA, su objetivo consiste en “actuar” contra nueve industrias lácteas y dos asociaciones de empresas lácteas por su decisión de “establecer una estrategia común para bajar los precios, manipular el mercado y restringir las libertades de los ganaderos”.

denuncian “la toma de acuerdos de nueve industrias lácteas para fijar los precios ante la imposibilidad de los ganaderos de cambiar de industria”

Y ello, después de que hayan sido sancionadas recientemente por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) con una multa de 80 millones de euros.

Esta organización agraria ha subrayado su “coherencia, responsabilidad y compromiso” para entrar en un proceso judicial que ella misma inició hace nueve años, tras denunciar “posibles comportamientos ilícitos por parte de las industrias lácteas, lo que ha quedado demostrado con la sanción de las autoridades de Competencia”.

Los responsables de los servicios jurídicos de UPA denuncian “la toma de acuerdos por parte de nueve industrias lácteas para fijar los precios de la leche ante la imposibilidad de los ganaderos de cambiar de industria”.

A partir de ahora, está previsto iniciar la presentación de las demandas individuales ante unos hechos que “ha quedado demostrado los daños, ya que mermaron los ingresos de los productores durante estos trece años de referencia”.

Por ello, UPA pondrá a disposición de los afectados los servicios jurídicos de la organización para que “puedan recuperar los daños y lo que no les pagaron las industrias” y se reserva los derechos de actuar y, por lo tanto, de “reclamar legalmente hasta la fecha actual” si se demuestra que desde 2013 hasta hoy “se ha seguido incurriendo en esas prácticas ilegales”.

Según UPA, para presentar la reclamación se necesita que los ganaderos demuestren el precio de la leche que cobraron por la leche vendida, bien mediante facturas o en caso de no disponer de ellas, mediante cualquier otro documento que acredite los litros de leche vendidos y el importe percibido.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias porque una vez más se demuestra lo que UPA-ÁVILA lleva denunciando desde hace años: Prácticas que conllevan la asfixia económica de los productores y el enriquecimiento de las industrias a costa de los precios ruinosos que pagan a los ganaderos”, ha argumentado.

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