Clara Aguilera / Coordinadora del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo

La Comisión Europea ha publicado el 22 de junio la revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas. La primera cuestión para el debate tras la publicación, es su conveniencia ante la guerra en Ucrania y el consiguiente problema de seguridad alimentaria mundial, además de someter a los agricultores europeos y a toda la cadena alimentaria a una nueva y gran presión en cuanto al modelo productivo. En cualquier caso, la Comisión ha sacado adelante su propuesta publicando uno de los pilares de su Estrategia «De la Granja a la Mesa» F2F, el Reglamento de uso sostenible de pesticidas.

Hay grandes diferencias dentro del Consejo, ya que 10 delegaciones nacionales habían expresado su preocupación en el Consejo por el enfoque de «talla única» sin tener en cuenta las diferentes situaciones de los Estados miembros y la intensidad del uso de plaguicidas.

En la propuesta, que transforma la Directiva en un Reglamento, es decir, inmediatamente aplicable sin transposición a nivel nacional, hay algunos cambios positivos con respecto a los primeros borradores, pero esto no significa que el texto sea adecuado para hacer frente a los retos medioambientales, económicos y sociales a los que se enfrenta Europa.

La Comisión vincula el objetivo de reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas a la escala europea y pide a los Estados miembros que establezcan un objetivo nacional de reducción en comparación con la media de los años 2015, 2016 y 2017 que tenga en cuenta la intensidad del uso, es decir, en qué medida los Estados miembros se desvían de la media europea. Por lo tanto, los «líderes del ecologismo» podrán fijar un objetivo más bajo (35 %) y los «supuestos malos» tendrán que alcanzar hasta el 65 %.

Pero, ¿cuáles son las herramientas de que disponen los Estados miembros y los agricultores para alcanzar estos objetivos?

En primer lugar, cabe señalar que la Comisión ha decidido seguir el camino para proponer un porcentaje de reducción del uso y no proponer un enfoque de cero residuos, que debería haber sido el verdadero objetivo, en mi opinión, que podría ser más efectivo para responder a las expectativas de los ciudadanos en relación tanto con el medio ambiente como con los alimentos.

En segundo lugar, para llevar a la práctica sus propuestas, el texto de la Comisión menciona la política agrícola común (PAC) y los cambios necesarios en los planes estratégicos nacionales para compensar y ayudar a los agricultores, como si el presupuesto de la PAC fuera infinito y no estuviera ya comprometido para alcanzar otros numerosos objetivos climáticos y medioambientales. Además, los planes estratégicos están en proceso de discusión y evaluación en estos meses y deben ser aprobados antes de finalizar el año, esta normativa comienza ahora su proceso en el PE.

Hace unos días, la Comisión también propuso a los Estados miembros transferir el 12,5 % del presupuesto del segundo pilar de la PAC para financiar el desarrollo de la producción de biometano de la UE.

¿Es creíble utilizar la misma cartera para todos estos objetivos, además de las orientaciones ya acordadas en el marco de la PAC? La cuestión que debe abordarse merece algo más que un enfoque de marketing político que traslade a los Estados miembros la verdadera cuestión de cómo alcanzar los objetivos propuestos de manera muy concreta, respetando debidamente el medio ambiente, la sanidad y la seguridad alimentaria.

Además, el marco regulador propuesto sobre las nuevas técnicas genómicas, que podría ser una de las respuestas más esperadas en términos de innovación y reducción de insumos, no se publicará antes de 2023, lo que significa que no se aplicará antes de 2025, sin mencionar que las elecciones europeas podrían retrasar aún más este proceso.

Más allá de la voluntad de la Comisión de demostrar que avanza con la agenda del Pacto Verde, en lugar de presentar objetivos y titulares de comunicación, habría sido mejor centrarse en vías políticas, herramientas y presupuestos concretos y tangibles para lograr beneficios medioambientales reales y ayudar a los agricultores en esta transición ecológica, hecho que no está sucediendo.