El Gobierno ultima una nueva «línea» de apoyo a las explotaciones agrícolas afectadas por la sequía -mediante avales para créditos-, por 110 millones de euros, según ha anunciado este jueves 27 en el Congreso la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Tendrán un importe de 60.000 euros por beneficiario, para devolver en cinco años y con dos años de carencia, según ha detallado en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso.
La ministra ha señalado que esa «línea específica» de créditos podría estar disponible la próxima semana y consiste en la subvención de avales para préstamos en producciones perjudicadas por la falta de lluvias: cereales, oleaginosas, lúpulo, uva, leguminosas, patata, apicultura o ganadería extensiva.
La ministra insiste en sus nuevos créditos, adelanto de la PAC y reducción de los módulos en la declaración de la renta
Ha recordado que esta medida se suma a una convocatoria similar que abrió el Ministerio por valor de 90 millones (40.000 euros por beneficiario) para costear avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca); hasta ahora se han utilizado 39 millones de esa partida de créditos. Por tanto, según García Tejerina, el montante destinado a ayudas en forma de capital avalado ascenderá a 200 millones.
La ministra ha subrayado que la sequía es «desigual», y mientras en Castilla y León ha llovido el 67% de lo habitual, en otras áreas las precipitaciones han sido superiores a las de los últimos años.
La reserva hidráulica nacional está en un 45%, con el déficit más acusado en el Duero y en zonas que habitualmente tienen lluvias elevadas, como Galicia o el Cantábrico.
En su intervención, García Tejerina ha repasado los reales decretos aprobados hasta ahora, entre los que hubo una especial atención a las cuencas del Duero, Júcar y Segura, en situación oficial de «alerta».
También ha mencionado la solicitud de un adelanto a la Comisión Europea del 70% de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) al 16 de octubre y el 85% de los pagos al desarrollo rural, que permitirá anticipar más de 3.280 millones de euros de los casi 5.000 millones de las subvenciones que percibe España.
Asimismo, Agricultura remitirá al Ministerio de Hacienda un informe para la reducción de los módulos en la declaración de la renta de los productores, correspondiente a 2017, y que se aplicará en 2018.
A la oposición no le convence las medidas y centran sus críticas en la falta de soluciones para los regantes
Desde el PSOE, Manuel Gabriel González ha considerado que si la sequía es triste, «más triste es la inacción del Gobierno», tras apuntar que las medidas se han centrado en la agricultura y se han dejado de lado problemas de abastecimiento de las poblaciones y los daños a la ganadería.
Pedro Arrojo (Unidos Podemos) ha pedido que la situación climática no sirva para construir embalses, porque a su juicio de cara a nuevas sequías sería «como regalar un monedero a un pobre», así como reforzar los seguros y una póliza específica para el regadío «de apoyo a pequeños y medianos agricultores».
El portavoz de Agricultura de Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet, ha opinado que «no se están haciendo bien las cosas» y que las confederaciones hidrográficas son el «vuelva usted mañana» para el regante.
Garaulet y Enric Bataller (Compromís), por su parte, han cuestionado las declaraciones de la ministra sobre el sureste y le han pedido que reconozca que allí hay restricciones de riego.
Xavier Eritja (ERC) ha reclamado una «gestión real» que tenga en cuenta la «sequía social», para evitar que cada año se hagan revisiones «de bombero», además de alertar contra la potenciación de trasvases