La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA) ha trasladado a la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias sus  propuestas para la gestión de la situación de la tuberculosis bovina en la región, entre las que se incluye desde incluir la prueba comparada hasta prejubilación por vaciado obligatorio o no tributar por los gastos generados.

La organización agraria ha solicitado una reunión urgente en la que tratar todos los puntos, empezando por la inclusión de la prueba comparada en el protocolo de Zonas de Especial Incidencia.

Sobre las indemnizaciones, reclaman pagos en función del valor de mercado del animal. En caso de que los
baremos existentes no alcanzasen este valor, modificarlos o complementar hasta esta cantidad habilitando una partida económica especial para ello.

Asimismo, piden incluir el lucro cesante para el periodo de inactividad, considerando que en explotaciones de carne el periodo sin ingresos puede llegar alcanzar hasta un año. Agilidad en los pagos y establecimiento de un compromiso de plazo para el cobro de las mismas a la mayor brevedad posible e indemnización para sacrificios voluntarios de animales reaccionantes a las pruebas diagnósticas.

PREJUBILACIONES EN CASO DE VACIADO SANITARIO Y QUE LOS GASTOS GENERADOS NO TRIBUTEN

Sobre la fauna silvestre, reclaman la realización de un Estudio exhaustivo de la Fauna Silvestre como reservorio de la enfermedad  o el establecimiento de un plan de muestreo sobre la fauna silvestre: si el índice de prevalencia en los dos últimos años supera el 0,4 muestrear el 100% de la fauna silvestre en dicho concejo y limítrofes. En el resto zonas, muestreo sobre el 50% de la fauna silvestre o toma de muestras por personal especializado de un Centro o Unidad de Investigación de Enfermedades de Fauna Silvestre.

De igual forma plantean un control poblacional o la ampliación de la temporada de caza o la eliminación de ejemplares en las especies foráneas en las que se sabe que su presencia en el medio interfiere en la prueba de la Tuberculina aviar, sin descartar un estudio sobre la posibilidad de aplicación de la figura de Zona de Emergencia Cinegética.

En este punto también ven necesario que en las vísceras de caza como focos de contaminación haya un establecimiento, en colaboración con Ayuntamientos y Sociedades de Cazadores, de lugares habilitados para desollar la caza y llevar a cabo los análisis pertinentes sobre estos animales por personal especializado, así como expedir por parte de los guardas las guías para estas piezas, al igual que se hace en los centros de precintaje de salmones.

En cuestiones económicas, plantean contemplar la posibilidad de impulsar la prejubilación por vaciado obligatorio a partir de determinada edad y que que todo ingreso derivado de cobros por medidas impuestas a la explotación – por el concepto que sea- quede exento de tributar.

En ayudas a pastos de la PAC en las que los compromisos para varios años se adquieran en el primero de ellos y no exista opción de solicitud anual hasta siguiente convocatoria, que en explotaciones que por limitaciones de movimientos impuestas no puedan adquirir los compromisos en el primer año, esto sea considerado causa de fuerza mayor y no repecurta en el acceso a la ayuda y cobro en el resto de años de la convocatoria.

En zonas de especial incidencia de la enfermedad o aquellas que los estudios demuestren reservorios significativos de la misma en la fauna silvestre, si un ganadero por prevención decide no se llevar los animales a superficies comunes, esa superficie sea tenida en cuenta igualmente en la declaración PAC a efectos de cubrir derechos o bien no computando ese año a efectos de pérdida de los mismos.

Finalmente plantean que en las ayudas a la incorporación y planes de mejoras sea considerado el vaciado como causa de fuerza mayor y no repercuta a ningún efecto sobre estas ayudas. Ampliación del plazo para notificación de la causa de fuerza mayor A la vez que piden información clara de todo lo relacionado con la incidencia y evolución de la enfermedad: número de explotaciones en riesgo de recurrencia, evolución mes a mes de estos datos, situación del cobro de las indemnizaciones, información a afectados clara y personalizada, apoyo en la burocracia a los afectados, etc. Y un efecto retroactivo para todas las medidas en las que proceda a 1 enero de 2025.

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