La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a Casto Berriel Martínez, jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura a cuatro años y siete meses de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil y otro de falsedad en documento público vinculados a un delito de prevaricación por conceder una subvención para cobrar una subvención de 9.000 euros para adquirir un tractor que nunca se compró.
Por esos delitos también se le inhabilita para empleo o cargo público durante cuatro años y dos meses, tiempo en el que “no podrá ostentar o acceder a la condición de funcionario del Cabildo de Fuerteventura ni cualquier cargo electo en la misma entidad”, según recoge diariodefuerteventura.com.
Berriel también ha sido condenado por un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, lo que supone la suspensión para cualquier empleo o cargo público en el Cabildo majorero durante dos años y tres meses.
El principal acusado era responsable de la concesión de subvenciones a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera
En la sentencia se condena a Rafael Berriel Fuentes, sobrino de Casto Berriel, como responsable de un delito de prevaricación a la pena de tres años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público en el Cabildo de Fuerteventura, y a José Jesús García Sánchez por falsedad en documento mercantil a seis meses de prisión.
En materia de responsabilidad civil, la Audiencia Provincial ordena que Casto Berriel Martínez y Rafael Berriel indemnicen al Gobierno de Canarias con 9.000 euros.
Casto Berriel ha sido jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca desde 2000 y responsable de la concesión de subvenciones al menos entre ese año y 2013 a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera Teberite, Tajorase y Tinea.
Berriel “desempeñó a la misma vez y durante el mismo lapso” de tiempo, “a sabiendas de la manifiesta incompatibilidad entre ambas actividades y de la ausencia de respaldo legal alguno”, el cargo de administrador único de la empresa Microtón Fuerteventura. Desde 2012 ejerció de administrador de hecho de la empresa Servicios Agrarios Capraria, que sucedió en su actividad a Microtón y cuyo administrador único era su sobrino, Rafael Berriel Fuentes.
Estas empresas, “además de prestar servicios sanitarios veterinarios, ofrecían un asesoramiento integral que comprendía la solicitud” de subvenciones, en nombre de las agrupaciones ganaderas Teberite, Tajorase y Tinea, ayudas que posteriormente fueron concedidas.
Además, cobraban por los servicios sanitarios prestados a animales y expedían facturas con las que las agrupaciones ganaderas “justificaban” las subvenciones recibidas ante la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca que dirigía el propio Casto Berriel.
La Audiencia absuelve a los responsables de las agrupaciones ganaderas, Blanca Lidia Chacón, María del Pino Calcines y Rubén Curbelo, al no quedar acreditado que “actuaran en connivencia” con Berriel en la concesión de las subvenciones.
La subvención para el tractor
Además, Casto Berriel, en el ejercicio de su cargo como jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca, “a sabiendas de su ilegalidad y para beneficiar sin justificación para ello y con el correlativo perjuicio para la Administración pública”, otorgó una subvención a la empresa de la que era titular su sobrino y que gestionaba él en la práctica.
Esa subvención se concedió para la compra de un tractor agrícola presupuestado en 10.150 euros en diciembre de 2012. “El mismo día que Rafael Berriel presenta” en el Cabildo la “factura justificativa” de la adquisición de la máquina, Casto Berriel emite un informe en el que declara justificada la subvención de 9.000 euros y asegura haber hecho la visita de comprobación y haber visto el tractor.
Sin embargo, la Audiencia recalca que tanto Casto Berriel como su sobrino eran conocedores de que en aquel momento, 20 de diciembre de 2012, “no se había adquirido” el tractor agrícola cuya compra se había subvencionado y sin que, por lo tanto, el funcionario pudiese haber visto la máquina. A pesar de ello, su empresa recibió la subvención de 9.000 euros.
Para justificar la subvención, el otro condenado, José Jesús García Sánchez, como administrador de la empresa Rudán Suministros Industrial, y a instancia de Casto Berriel, confeccionó la factura falsa sobre la compra de un tractor Deutz-Fahr que el sobrino de Casto presentó en el expediente administrativo, una factura que “no respondía a la realidad por cuanto la sociedad vendedora nunca fue titular del referido vehículo agrario y, consecuentemente, nunca lo vendió”.