El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, haoptado por lavarse las manos y ha manifestado este martes 25, respecto a los precios de la uva en esta campaña de vendimia, que se está cumpliendo la legislación y que los precios, en Castilla-La Mancha, están publicados en las bodegas.
A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, ha añadido que, en todo caso, si ha habido algún incumplimiento, no es competencia del Gobierno regional y será la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) la que lo deberá determinar.
Martínez Arroyo ha apelado a la cordura y la tranquilidad de los viticultores y las bodegas «para que se cumpla la ley», porque los agricultores deben saber el precio al que se les va a pagar la uva al llevarla a una bodega y, por su parte, las bodegas tienen la obligación de hacer frente al pago de la materia prima antes de 30 días después de la entrega del producto por parte de los viticultores.
«Es un mercado libre en el que no interviene la administración y si una bodega quiere bajar el precio, tiene derecho a hacerlo»
«Estas dos cuestiones son fundamentales y vamos a estar vigilantes y a trabajar con el Ministerio de Agricultura para que estas cuestiones se cumplan en una vendimia que, en general, se está desarrollando con normalidad» en Castilla-La Mancha, ha asegurado.
Respecto a la petición de la Asociación de Empresarios de Industrias Vitivinícolas de Ciudad Real a la Consejería para que inste a las bodegas, cooperativas y viticultores para acordar un precio rentable y unitario, Martínez Arroyo no se ha lavado las manos precisamente y ha dicho que es «curioso» porque es un mercado libre en el que no interviene la administración y, «si una bodega quiere bajar el precio, tiene derecho a hacerlo».
Ha añadido que a su juicio no ha habido pacto de precios y que, en caso de sospecha, las organizaciones deben denunciarlo ante la AICA para que lo investigue.
También ha recordado que se ha reunido con el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la región y próximamente lo hará con el delegado del Gobierno para trabajar en garantizar «mejor que nadie» la trazabilidad de los productos vitivinícolas que salen procedentes de uva de la región.