Todas las CCAA han marcado su ritmo y sus exigencias en las negociaciones de la reforma de la PAC… salvo Madrid, hasta el punto de que desde UGAMA se asegura que «agricultores y ganaderos de Madrid se preguntan qué PAC ha defendido la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid ante el Ministerio de Agricultura. No sabemos qué tipo de reforma quiere para la región».

A la organización agraria madrileña le sorprende que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid no haya realizado ninguna comunicación oficial pública de cuál es la postura de la Comunidad en esta importantísima negociación de la PAC 2024-2027, que decidirá en gran medida el futuro de la agricultura y ganadería de la región.

Así pues, se destaca que oficialmente se desconoce lo que ha defendido la consejera Paloma Martin en cuestiones tan importantes como la definición de agricultor activo, ecoesquemas, regresividad, techo de gasto, pago redistributivo, condicionalismo social o pagos de jóvenes y mujeres.

Tras las distintas sectoriales celebradas en el Ministerio, la mayoría de las Comunidades Autónomas han realizado numerosos comunicados dejando claro qué quieren de esta nueva PAC para sus territorios y sin embargo, en el caso de la Comunidad de Madrid, «estos comunicados, han brillado por su ausencia, por lo que no sabemos qué tipo de reforma quiere para la región».

“Llama la atención que hace unos días, en un momento tan crucial como es la negociación de la PAC, se publicara el cese del Director General de agricultura, ganadería y alimentación de la Comunidad de Madrid que había sido nombrado en julio de este año. Estamos a la espera del nombramiento del cuarto director general en dos años”, afirma Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA.

Desde UGAMA consideran que este baile de ceses supone una traba más en la negociación de la PAC y muestran su preocupación por estos hechos, considerando que el gobierno regional de Madrid «no está dándole a la negociación de la PAC la importancia real que tiene para el campo madrileño y cuyas consecuencias pagarán las zonas rurales de la Comunidad».