La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su Ejecutivo trabajará con el Canal de Isabel II para desarrollar un plan que ponga agua reciclada a disposición de la agricultura de regadío de la región dentro del Plan Terra.

Lo ha señalado este lunes 2 tras asistir a la ponencia que el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha desarrollado en el desayuno Nueva Economía Forum, en la que ha abordado la situación del sector agroalimentario en España.

Díaz Ayuso no ha dado más detalles de esta acción que se engloba dentro del Plan Terra que presentó recientemente y que está dotado con una inversión de 100 millones de euros para implantar medio centenar de medidas en el sector agrario madrileño en esta legislatura.

Terra está dirigido a los 7.800 agricultores y 4.900 ganaderos madrileños.

Según Díaz Ayuso, es un programa que busca «rejuvenecer el campo», asegurar el relevo generacional y potenciar los canales cortos de comercialización.

El Gobierno madrileño «quiere acompañar» a los agricultores porque es un sector «que está creciendo mucho» en la región.

El Plan Terra representa un apoyo para la agricultura, ganadería y desarrollo de los municipios rurales, pionero en la región, se articula en torno a cinco grandes líneas de actuación. Una iniciativa que simplifica la normativa que afecta al sector, mejora la competitividad y comercialización de los productos agrícolas de proximidad y favorece el relevo generacional, a la vez que se implantan sistemas de producción más sostenibles.

Díaz Ayuso detalló en su día su apuesta por el campo y por los agricultores y ganaderos madrileños, cuyos intereses se ha comprometido a defender ante el Gobierno central y ante la Unión Europea. Para el Gobierno regional, el campo es un activo esencial de la sociedad, imprescindible en nuestras despensas, necesario para vertebrar el territorio y clave en la conservación del medio ambiente.

En el Plan Terra, cuyo contenido sigue abierto a las aportaciones de las asociaciones agrarias, se contempla el compromiso del Ejecutivo que preside Díaz Ayuso por flexibilizar la normativa y reducir los trámites administrativos que se encuentran empresarios y cooperativas agropecuarias y que, en ocasiones, ponen en riesgo el mantenimiento de la actividad.