La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) que «aclarare si el sector podrá beneficiarse de la doble potencia eléctrica«.
En un comunicado, esta organización ha afirmado que la «incertidumbre» de que puedan o no contar con esa doble tarificación «amenaza con desangrar a los agricultores y puede hacer inútil la medida, al anular el ahorro que conlleva abaratar la potencia de la luz en los meses de no riego».
A su juicio, «la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico puede desarbolar la rebaja de las tarifas de regadío, un ahorro crucial para el sector en medio de las tensiones inflacionarias, agravadas por el conflicto de Ucrania».
«UN RETRASO LLEVARÍA A LOS REGANTES A NO PODER BENEFICIARSE DE LA POTENCIA MÁS BARATA, LO QUE SUPONDRÍA UNA AMENAZA PARA LA SUPERVIVENCIA DE MUCHOS CULTIVOS»
Ha recordado que la época de riego arranca en el mes de marzo y ha asegurado que desde el Gobierno se viene indicando que este punto sobre la doble potencia eléctrica de la Ley de la PAC no se resolverá hasta finales de diciembre.
El plazo -ha añadido- es «insuficiente» y «llevaría a los regantes a no poder beneficiarse de la potencia más barata, lo que a la postre supondría una amenaza para la supervivencia de muchos cultivos», han sentenciado.
A la incertidumbre de si pueden o no beneficiarse de la doble potencia eléctrica, ha sumado la «contradicción» que se produce en el Gobierno, ya que mientras el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) «asegura que sí» pueden contar con ella, «las respuestas del Miteco «son ambiguas».
Ha insistido en que la Ley de la Cadena Alimentariarecoge que «el Gobierno posibilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego», una medida también prevista en la Ley de la sequía de 2018 y en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Fenacore también ha cuestionado que en el marco de la pasada Cumbre del Clima (COP27), España y Senegal lancen una alianza contra la sequía, una medida que, según esta organización, «tiene poco sentido» en suelo español, donde sus asociados sufren «la peligrosa descoordinación» en la transferencia de competencias ministeriales.