La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado (Huelva), que aglutina a agricultores de frutos rojos del entorno de Doñana, ha respaldado la nueva proposición de ley del PP y Vox para regular los suelos que den derecho a agua superficial, y han defendido su compatibilidad con la protección del parque y su acuífero.
El portavoz de la plataforma, Julio Díaz, ha señalado a los medios de comunicación que se trata de una iniciativa clave para «hacer justicia» y para «revertir el daño» causado a cientos de agricultores por el plan de ordenación de la Corona Norte, de 2014, por el que «muchas familias perdieron sus tierras de un día para otro».
La Plataforma se creó hace una década con más de 1.500 agricultores de Moguer, Lucena del Puerto, Almonte, Bonares y Rociana del Condado (Huelva), junto a ayuntamientos y sindicatos, cooperativas agroalimentarias y asociaciones de productores.
Díaz ha garantizado que los agricultores «no están divididos y tienen muy claro lo que quieren», a pesar de que se haya creado «una disputa artificial» por una «estrategia política» para que algunos agricultores se salieran de la organización, algo que ha limitado a tres, que después «curiosamente» obtuvieron la «dádiva» del permiso para obtener agua del acuífero sobreexplotado.
SON CONSCIENTES DE LA «CONVIVENCIA ARMÓNICA» QUE DEBE EXISTIR ENTRE LA AGRICULTURA Y LA PROTECCIÓN DE DOÑANA
La plataforma, que ha convocado a los medios a las puertas del Parlamento, garantiza que son conscientes de la «convivencia armónica» que debe existir entre la agricultura y la protección y la compatibilidad con Doñana y han insistido en que el acuífero 27 «no se toca con esta iniciativa», ni hay ampliación de regadíos o amnistía.
«Doñana vamos a defenderla también los agricultores, como no puede ser de otra manera, con uñas y dientes», ha agregado Díaz, quien ha explicado que quienes viven en esa zona saben que es «compatible».
Actualmente, la actividad de los asociados a la plataforma representa el 80 por ciento de la producción de frutos rojos de la provincia de Huelva, según sus datos.
Díaz ha pedido al Gobierno central (que ha amenazado con recurrir a los tribunales) que «reflexione» y ha mantenido que las lagunas de Doñana se secaban porque las obras de 2005 competencia del Estado «nunca se hicieron».
Ha reclamado también al Ejecutivo central que ponga en marcha la ley de trasvase aprobada en el Congreso para que las aguas superficiales lleguen a la zona y se puedan cerrar todos los pozos, también los legales.
Además, ha recordado que aunque se apruebe esta nueva propuesta de ley andaluza, la responsabilidad de dar agua siempre será estatal a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: «La Junta no puede dar ni una gota».
Julio Díaz, que fue diputado de Cs en la legislatura pasada, en la que su partido ya presentó una iniciativa con PP y Vox para regular esos suelos de regadíos, ha hecho un llamamiento político al líder del PSOE-A, Juan Espadas, para que sea «autónomo» apoyando la tramitación de la ley, sin pensar «en lo que digan en Madrid».
También ha pedido a los alcaldes socialistas de Moguer, Bonares y Rociana, cuyos municipios están dentro de la Plataforma, que defiendan a los agricultores y que convenzan a Espadas.