El Gobierno de España, a través de su portavoz en materia de agua, la ministra de Transición Ecológica  y vicepresidenta, Teresa Ribera, dará previsiblemente este martes 27 un paso decisivo en su estrategia de apagar el Trasvase Tajo-Segura e impulsar la sustitución del agua de los ríos por el agua desalinizada. Y es que, está previsto que el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones apruebe un cambio de las reglas para la rebaja en las derivaciones de agua desde la cabecera del Tajo mediante un Real Decreto que dictará disminuir la cantidad a trasvasar de 38 a 27 hectómetros cúbicos cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía estén en nivel 2, lo que supondrá un recorte anual de hasta 60 hectómetros cúbicos al año y marcará un antes y un después de lo que sería el Trasvase en situaciones de abundancia hídrica.

En este sentido, ASAJA Alicante ha solicitado y está recibiendo la adhesión de las comunidades de regantes que dependen del Trasvase Tajo-Segura a su propuesta que va a trasladar a Transición Ecológica y en la que muestra su rechazo y exige la paralización ante la inminente aprobación del cambio de las reglas para los recortes del Trasvase, con la modificación del Real Decreto 773/2014, ya que entiende: esto supone una interrupción del proceso de participación pública que está teniendo lugar sobre el proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo por lo que, en todo caso, ASAJA considera que el momento de modificaciones de este tipo solo estaría indicado con la entrada en vigor del nuevo plan del Tajo (previsto en el horizonte 2022-27), en el que estará especificada y actualizada la información sobre los nuevos usos y necesidades medioambientales de la cabecera.

«El Trasvase Tajo-Segura recibirá con el cambio parcial de las reglas de explotación la primera de todas las puñaladas que le esperan hasta el 2027, cuando se materializará el aumento de los caudales ecológicos hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo (en lugar de los 6 de ahora), lo que supone la inutilización total del acueducto», denuncia el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, que también afirma que «si no le entra un ápice de cordura y remordimiento a Ribera frente al ataque atroz que va a asestar al sector agrario en el sureste y declina la aprobación del cambio de las reglas con dicho decreto, no nos queda otra opción que pedir a agricultores, regantes y empresarios alicantinos que saquen al grupo socialista del Gobierno central y el autonómico si quieren que la agricultura tenga algo de futuro».

Asimismo, con respecto al papel jugado en este tema por el President de la Genertalitat, Ximo Puig, desde ASAJA consideran que va a ser cómplice de la barbaridad que se va a cometer contra la forma de vida y la prosperidad del Levante y culpable de abrir la puerta al desierto en nuestro país.

«Basta de hacer política vacía y de repetir que el trasvase es irrenunciable y que lucharán por el agua para todos y para siempre. No es cierto que de igual de donde venga el agua, como he estado escuchando decir a algunos alcaldes socialistas de la provincia, porque esto no es más que más demagogia. Importa y mucho de donde nos llegue el agua. El agua para mantener nuestro entramado productivo tiene que venir de los ríos. Esto no es un capricho, está justificado y es viable técnicamente, porque 50.000 hectómetros van al mar todos los años por las cuencas españolas y Portugal recibe un caudal del Tajo tres veces superior a lo pactado, por lo que lo único que falta aquí es voluntad política, infraestructuras que distribuyan el agua en España de forma justa y equitativa e inversiones para hacerlo una realidad. El agua del Trasvase cuesta 0,17 céntimos frente a los 0,58 del agua desalinizada para riego, para la que haría falta construir una planta fotovoltaica de 500 hectáreas de superficie para que bajara de precio, una barbarie medioambiental, paisajística y económica que difícilmente se podrá ejecutar», denuncia Andreu.