Se están  negociando los contratos de tomates para industria entre la organizaciones de productores de tomates y las industrias transformadoras en Extremadura. Para esta campaña se prevé una contratación superior a las 1,80 millones de toneladas producidas en más de 24.000 has en la región. Y desde la Unión Extremadura se advierte de que no va  a permitir que se contrate un solo kg de tomate por debajo de los 105 €/tn.

Esta campaña está condicionada por unos costes de producción desorbitados debido al encarecimiento del más del 100% del precio de los fertilizantes, más de un 40% del precios de los fitosanitarios, el gasóleo etc. Así mismo la contratación está siendo condicionada por la disposición de agua para riego, ya que en algunas zonas de producción como puede ser Andalucía la disposición de agua para riego en estos momentos es nula.

Con los costes de producción disparados, con la escasez de agua, con el alto precios de los cereales, para la organización agraria los agricultores no van a poder producir tomate por debajo de los 105 €/Tn. Este es además el precio que se ha acordado en las contrataciones de tomate en California ya que los contratos firmados en este Estado es de USD 105,00 la tonelada corta.

En Italia, el otro país importante en la contratación de tomate en la Unión Europea se está negociando en estos momentos en estos márgenes de precio.

Con la entrada en vigor de las modificaciones aprobadas en la Ley de la Cadena Alimentaria que establece que no se podrán firmar contratos a precios inferiores a los costes de producción, el sector está a la espera de que la Junta de Extremadura a través del Observatorio de Precios haga público el estudio de costes que el mismo estará disponible para esta campaña según informó la Consejera Bernal.

Por todo esto, la Unión Extremadura «no va a permitir que en la actual campaña con los condicionantes enunciados se firme un solo contrato de tomate por debajo de los 105 €/tm. En caso de que las negociaciones no se desarrollen en estos parámetros denunciaríamos los mismos ante el Aica para que se impongan las sanciones propuestas en la Ley a los infractores.