La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la decisión de la Comisión Europea de reducir cada vez más el uso de materias activas provoca un mayor uso de tratamientos fitosanitarios en el campo, ya que al no contar con herramientas eficaces los agricultores se ven obligados a utilizar diferentes productos en busca de un remedio eficaz contra las plagas y enfermedades como son el cotonet de Sudáfrica o la mosca blanca en el caqui. En este sentido, la prohibición de materias activas eficaces triplica la aplicación de pesticidas en el campo y genera una pérdida progresiva de la competitividad en el mercado global.

El aumento del uso de tratamientos fitosanitarios implica un mayor gasto para los agricultores que no se ve compensado con el precio que reciben por sus productos, de este modo crece de forma alarmante el abandono de campos por la falta de rentabilidad, lo que conlleva a su vez un deterioro medioambiental irreversible. Asimismo, la prohibición de materias activas eficaces para la lucha contra plagas y enfermedades genera una depreciación comercial de la fruta que implica el desperdicio alimentario de miles de toneladas. Paradójicamente los productos que se importan de terceros países a la Unión Europea (UE) sí tienen permitido el uso de materias activas que han sido prohibidas por la legislación europea, pero sin embargo, llegan a los consumidores europeos y compiten con nuestros productos de un modo devastador y desleal.

“Si el objetivo de la UE era reducir el uso de fitosanitarios con sus políticas restrictivas nos encontramos con una gran incongruencia, puesto que justamente están provocando el efecto contrario al obligar a los agricultores europeos a multiplicar sus tratamientos. Las plagas siguen estando presentes en nuestro campo y se incrementan continuamente. Ante este problema creciente los agricultores no contamos con herramientas eficaces para poder combatirlas”, señala el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

Además, el dirigente agrario critica la falta de actuación por parte de las administraciones para revertir esta situación. “Bruselas debería aplicar normas recíprocas, ya que los agricultores compiten en un mundo globalizado en el que las reglas del juego no son las mismas para todos. Con estas prohibiciones se incentiva el abandono de tierras agrarias, el desperdicio alimentario, el deterioro medioambiental, pero sobre todo se condena a los agricultores comunitarios a la ruina”, apunta Aguado.