El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) ha valorado positivamente las modificaciones incorporadas a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), publicadas en el DOGV el pasado 31 de diciembre, ya que permiten agilizar los trámites para que los emprendedores puedan llevar a cabo de forma menos gravosa la diversificación de las rentas del sector rural, a partir de las producciones agrarias.
Estos cambios vienen recogidos en la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, y favorecen la implantación en suelo rústico de empresas dedicadas a la explotación de recursos procedentes del medio rural.
Exención de la Declaración de Interés Comunitario
Hasta ahora, todas estas iniciativas necesitaban una Declaración de Interés Comunitario (DIC), un procedimiento técnico-administrativo gravoso y extenso en el tiempo que permite la implantación de actividades industriales, productivas, terciarias y de servicios en suelo no urbanizable. Los Ingenieros Agrónomos siempre han defendido que esta figura puede resultar necesaria y razonable para ciertas iniciativas, pero incoherente con otras por no existir alternativas viables al emplazamiento en la propia explotación. «En ninguna parte del mundo se plantean que las bodegas no se emplacen en la propia explotación», señalan.
Los cambios legislativos exoneran de la DIC a las bodegas, almazaras y las actividades artesanales para la transformación de materias producidas en la explotación del solicitante, cuando proceda por lo menos el 50% de la materia transformada de la propia explotación. Dotando con ello de nuevas herramientas y oportunidades para fomentar el desarrollo rural y vinculándolo con el mantenimiento de la actividad agraria.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante ha aplaudido esta medida, que va en la línea «de lo que hemos venido reclamando durante los últimos años: trámites ágiles que favorezcan la inversión». Una vez analizada la modificación, «entendemos que esta modificación mejora las oportunidades de desarrollo del medio rural sin descuidar la protección del suelo no urbanizable y sus valores, puesto que las nuevas justificaciones técnicas que se requieren son incluso más estrictas que las anteriores».
Por ello, desde el COIAL «saludamos esta iniciativa y alentamos a seguir en esta línea de trabajo, que fomenta el desarrollo del medio rural con políticas de ordenación del territorio que favorecen la implantación de actividades económicas que ponen en valor nuestras producciones y nuestra cultura».
Según el colegio, «el próximo reto para los responsables de vertebración del territorio es articular las medidas oportunas para facilitar la implantación de actividades que generen rentas a partir de las externalidades de la producción agraria y actividades de aprovechamiento de las materias primas secundarias (economía circular) del conjunto del sector agroalimentario», acercándonos de este modo al modelo de desarrollo rural impulsado y apoyado por la Unión Europea.
Finalmente, «no podemos olvidar que un importante número de actividades agroalimentarias siguen estando sometidas a Declaración de Interés Comunitario, por lo que otro de los objetivos debe ser el disponer de las vías técnico-administrativas oportunas para acortar al máximo los procedimientos y establecer unos cánones de aprovechamiento sostenibles. Como en el caso de las Autorizaciones Ambientales Integradas, la colaboración con los Colegios Profesionales puede resultar una alternativa válida sin coste para la Administración y con ventajas para los administrados».