La Alianza UPA-COAG, ante la resolución judicial que ha paralizado la caza del lobo al norte del río Duero, ha denunciado la indefensión absoluta en la que se encuentran los ganaderos de Castilla y León, que sufren en primera persona la expansión incontrolada de lobos en esta comunidad autónoma, «y por lo tanto que son víctimas de la fauna salvaje en su propio patrimonio personal cada vez que se produce un ataque».

Según datos de la propia Administración regional en el primer trimestre del año 2018 los ataques de lobos se han disparado un 80% respecto al mismo periodo del año pasado, y en lo que va de año cerca de 2.000 ataques de lobos son los que se han registrado en las provincias de Ávila y Segovia.

La Alianza denuncia el «absoluto acoso hacia los ganaderos en un círculo es absolutamente vicioso si no se adoptan medidas de control»

En opinión de la organización agraria, se trata de «un auténtico escándalo lo que está ocurriendo y la situación en la que viven los afectados, de absoluta indefensión, no solo por el daño económico que sufren sus explotaciones, sino el daño moral que padecen cada vez que se produce una sentencia como la conocida en las últimas horas sobre la paralización cautelar de la caza del lobo al norte del Duero durante esta temporada».

En una situación como la actual «de absoluto acoso hacia los ganaderos el círculo es absolutamente vicioso  si desde las instancias políticas y judiciales no se adoptan medidas de control y de defensa hacia las personas, porque la situación hoy en día exige actuaciones firmes ante la prevalencia y expansión de esta especie animal, como lo atestiguan las cifras oficiales de la Junta de Castilla y León».

La Alianza UPA-COAG  no solo considera justificada la caza de ejemplares debido a los altísimos niveles poblacionales, distribución geográfica e índice de reproductividad de la especie, sino que es incomprensible que no se presenten alegaciones suficientemente pormenorizadas y `no genéricas´ por parte del Gobierno regional, tal y como recoge la última sentencia, para que se actúe de una vez por todas con la contundencia que la situación exige.

Finalmente, la organización recuerda que la situación actual no solo es problemática para los ganaderos, «como pone en duda alguna de las sentencias judiciales, sino que resulta límite en muchas zonas de la región. Apelar a la continua expansión de la fauna salvaje, tal y como reclaman con sus actuaciones los grupos ecologistas, es una auténtica temeridad además de acrecentar aún más el problema del despoblamiento y de peligros constantes para la población que habita en el medio rural».