El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha reconocido este jueves 15 la existencia de problemas en el cobro de los pagos de la PAC, que ha dicho que se deben a un «hackeo» del sistema informático que se está tratando de solucionar.

Aunque es un asunto que preocupa al Gobierno, el consejero lo ha calificado de «anécdota» y, en una comparecencia solicitada por el diputado del PP Ramón Celma, ha dicho que lo importante en torno a la PAC es buscar una solución a un modelo «absurdo».

En este sentido, ha defendido su propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), para conseguir una distribución justa de los fondos que llegan a Aragón, 577,5 millones de euros en concreto en 2017.

El consejero aragonés insiste en que su apuesta es decir que «hay gente que cobra que no tendría que cobrar»

Olona ha explicado que de estos 577,5 millones, 454 corresponden a fondos PAC; 102 al segundo pilar (Programa de Desarrollo Rural); 11,6 a la OCM de Frutas y Hortalizas; 9,5 a la OCM del vino, y 80.000 euros a otros planes.

Y de esos 577,5 millones, que son 25 más que en 2016, el consejero ha precisado que un 83 por ciento son ayudas directas a la renta, hasta 477 millones, con las que el beneficiario no tiene que justificar gatos de explotación o inversiones.

Por tanto, para Olona es una ayuda «ineficaz, injusta e inoperante» y el modelo actual es «absurdo» y está «lleno de trampas». Frente a ello, ha reprochado que haya «muchas personas» que están «empeñadas» en que no cambie nada, cuando su apuesta es decir que «hay gente que cobra que no tendría que cobrar».

Sin embargo, Celma ha considerado que con la reforma que plantea Olona, Aragón no va a ningún sitio porque es «unilateral» y por eso «no tiene influencia», motivo por el que le ha planteado que opte «por la vía del acuerdo» con las organizaciones agrarias y los grupos políticos.

Celma ha reprochado que Olona haya presentado esta reforma en muchos sitios, pero no en la comisión sectorial con representación de todas las comunidades autónomas, que es «el único sitio» donde puede tener cabida.

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