El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, con el fin de mejorar la posición de los agricultores y ganaderos, según ha informado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Entre las novedades, las cooperativas podrán sustituir eventualmente el contrato escrito por una «prescripción» con reglas claras sobre los plazos de pago, las referencias de precio; se amplía la lista negra de prácticas prohibidas en los contratos, habrá una cobertura europea en todos los contratos; o la asunción de costes sobre el precio pactado pasará a ser una infracción grave.

Con este proyecto, el Gobierno adapta a la legislación española la directiva europea que amplía las medidas contra las prácticas comerciales desleales, que repercuten negativamente en los precios para el agricultor. De esta forma, la modificación de la Ley inicia su trámite parlamentario, ha subrayado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que los objetivos de la reforma son: una mayor transparencia en el funcionamiento de los precios; un equilibrio entre todos los eslabones (productores, supermercados e industria) y proteger al “más débil”, es decir al agricultor.

NOVEDADES:PRESCRIPCIÓN EN LAS COOPRATIVAS, ASUMIR FALSAMENTE LOS COSTES Y SE AMPLÍA LA LISTA NEGRA POR PRÁCTICAS PROHIBIDAS

Entre las novedades, ha destacado que cualquier transacción de los operadores de la cadena que en parte se haya producido en España tendrá cobertura en toda la Unión Europea.

Esto significa que un exportador español de frutas y hortalizas podrá tener protección en operaciones con cualquier comprador de cualquier destino de otro país comunitario.

Amplía los productos cubiertos por la ley, de manera que a los primarios (agrícola y ganaderos) se añaden también los alimentos transformados, como el pan, el chocolate o la cerveza.

La modificación legal también extiende los supuestos en los que los contratos serán obligatorios y amplía las prácticas prohibidas, que entran en una «lista negra», por ser contrarias al «comercio leal», e incorpora nuevas infracciones sancionables.

Otra novedad es la inclusión de nuevas obligaciones en el contrato, por operaciones de un mínimo de mil euros, que ahora afectan a las relativas a un importe de 2.500 euros.

En el caso de las cooperativas, Planas ha detallado que podrán sustituir eventualmente el contrato escrito por una «prescripción» y reglas claras sobre los plazos de pago, las referencias de precio y entrega para socios cooperativistas.

El proyecto ha sido objeto de informe por parte de las Comunidades Autónomas, el sector, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado.

Planas confía en que su tramitación en el Congreso y Senado concluya en el primer período de sesiones de 2021, para que la nueva Ley de la Cadena entre en vigor el 1 de noviembre del año que viene, cumpliendo los plazos establecidos en la regulación comunitaria.

Por otro lado, el ministro ha anunciado la presentación, en el primer trimestre de 2021, de un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario, para complementar la normativa agroalimentaria nacional.