Portavoces de las plataformas contra las minas en Ávila (“No a la mina en la Sierra de Ávila”, “No a la mina en la Sierra de Yemas” y “No a la mina en el Valle del Corneja”) se han personado en el edificio de la Junta de Castilla y León, en Ávila, con el fin de hacer entrega de varios documentos dirigidos al Presidente, al Delegado Territorial, al Jefe del Servicio de Industria y a la Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, además de al Consejero de Industria en León y al Consejero de Medio Ambiente en Valladolid. Documentos en los que se formulan una serie de preguntas con las que se pretende obtener respuesta sobre los proyectos mineros conocidos con los nombres de “Leito”, “Riofrío”, “Sonsoles” y “Villatoro”.

Este acto se ha llevado a cabo tras el silencio reiterado de la Junta de Castilla y León ante la problemática minera que aqueja a la provincia. Los representantes de las plataformas reconocen que no comprenden este mutismo y menos tras la manifestación llevada a cabo, el día 13 de mayo, en la capital abulense, en la que unas 5.000 personas dejaron clara su posición en contra de las minas.

las tres plataformas demandan información sobre las empresas que han pujado, las zonas afectadas, los criterios utilizados

Como se detalla en el escrito presentado por parte de las plataformas, que si bien, en el año 2014, la Dirección General de Minas de la Junta de Castilla y León convocó un concurso minero público, para otorgar los terrenos francos y libres de la provincia de Ávila a las empresas que pujaran por los mismos, no se ha vuelto a publicar información alguna sobre las compañías que intervinieron en el mismo, la cantidad que tuvieron que abonar por ello o sobre si esos terrenos han pasado a ser concesiones mineras. Otro dato importante a tener en cuenta proviene de la información publicada en la página web de la Junta de Castilla y León, que no se corresponde con la del catastro minero, dependiente del Ministerio de Energía.

Por todo ello, las tres plataformas  contra las minas de Ávila demandan información sobre las empresas que han pujado por estos terrenos, las zonas afectadas, los criterios bajo los que se han decidido implantar los proyectos mineros y si se ha cumplido la ley en todos los expedientes.

También preocupa la respuesta que la Junta daría en caso de que los cuatro proyectos mineros antes mencionados salieran adelante, al tiempo que quieren conocer si aquellos que van a tomar las decisiones son conscientes de que podría haber en total 33 expedientes mineros que afectarían a toda la provincia. Esto conllevaría a un cambio en el modelo del desarrollo económico, con el consiguiente abandono y destrucción del actual modelo establecido. Por ello, demandan también una respuesta hacia cuáles serían los pasos a dar para asegurar los derechos y garantías de los ciudadanos recogidos en nuestro actual estado constitucional.

En cuanto al proyecto que está en una fase más avanzada: “Leito 1.122”, que afecta a la Sierra de Ávila, se pretenden conocer las causas por las que no se ha dictado la Declaración de Impacto Ambiental, así como todo lo referente a la falta de documentación de tipo económico (que los otros proyectos sí conocen y se les ha facilitado sin ningún impedimento) o las irregularidades en el expediente, por poner algunos ejemplos.

Preguntas que, como representantes políticos y responsables en la toma de decisiones, las plataformas “No a la mina en la Sierra de Ávila”, “No a la mina en la Sierra de Yemas” y “No a la mina en el Valle del Corneja”, esperan que respondan por escrito a cada una de las plataformas.