El Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) ha pedido a la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que vote en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuya principal medida es una reducción del 50% en el uso de plaguicidas químicos en la UE para 2030.
En una carta enviada a dicha comisión parlamentaria, a la que ha tenido acceso Efeagro, la patronal agrícola europea dicen estar siguiendo este expediente con «consternación» porque la propuesta legislativa, que Bruselas puso encima de la mesa en junio del pasado año, «cada vez se aleja más de la racionalidad y la realidad».
«No podemos aceptar esta propuesta del lado del Parlamento Europeo salvo que haya cambios importantes con respecto a nuestras líneas rojas», dice la misiva, firmada por los dos presidentes de la organización, Christiane Lambert y Ramón Armengol.
«A pesar de esto, recomendamos una derogación total de la propuesta para que este texto legalmente vinculante sea puesto bajo el paraguas de la realidad, la viabilidad y la aplicabilidad», añaden, para después pedir abiertamente a la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Eurocámara que rechace el texto que votará el martes, 23 de mayo.
Esta comisión parlamentaria, sin embargo, no es la responsable última de la propuesta legislativa para la Ley de Restauración de la Naturaleza, una competencia que recae sobre la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, aunque la primera tiene la capacidad de opinar sobre la redacción de la misma.
De hecho, uno de los dos grandes problemas hacia las que apunta Copa-Cogeca es precisamente una «división de competencias» entre comisiones parlamentarias que no está distribuida «de forma equitativa» puesto que la de Agricultura y Desarrollo Rural «no tiene total competencia sobre los artículos más relevantes» para su cartera.
El otro elemento que ve la patronal agrícola europea es que la ley «desde el principio no se basaba en la realidad» con respecto a cuestiones como las medidas para evitar el deterioro de hábitats, la financiación prevista y los objetivos de retirada del «uso activo» de «tierras agrícolas y forestales productivas esenciales».